La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM), de la que forma parte la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) que preside Pedro Rodríguez, está manteniendo diversas reuniones y contactos con miembros de la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados y representantes de partidos políticos para informarles de una iniciativa para cambiar un marco normativo que "perjudica al proyecto social, educativo y cultural" que desarrollan 1.100 asociaciones sin ánimo de lucro, con 80.000 músicos, 120.000 alumnos de escuelas de música y 1.000.000 de socios; agrupadas en las diversas federaciones españolas.

La CESM se ha reunido con la presidenta Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos), el valenciano Jose María Chiquillo (PP), José Andrés Torres Mora (PSOE), Eduardo Maura (Podemos), Francesc Xavier Eritja (ERC), Joseba Andoni Agirretxea (PNV), el también valenciano Joan Baldoví (Compromís), y con Ferran Bel (PDeCat), al que se informó telefónicamente de las líneas maestras de un proyecto con varias iniciativas que afectarían a los Ministerios de Cultura, Educación, Hacienda y Trabajo.

En estos contactos previos, la Confederación ha recibido el apoyo de todos los representantes políticos y en relación con la filosofía que lo inspira ha tenido una acogida muy favorable. La predisposición ha sido total por su parte para abordar, estudiar y acordar de manera conjunta las acciones políticas a llevar a cabo, una vez finalice la elaboración de un informe el grupo de expertos de la CESM, y cuyo primer paso podría pasar por la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) que se estudiaría en el seno de esta comisión.

La Confederación, que tiene previsto contactar con el resto de formaciones políticas con representación en el Congreso, reivindica la puesta en marcha de una Ley de Mecenazgo similar a la de otros países de nuestro entorno que beneficie y facilite el trabajo del colectivo, la rebaja del 21% al 10% del IVA para los instrumentos musicales y la supresión de este impuesto para los destinados a la educación, homologar la condición de artista de élite con la de deportista de élite; y el reconocimiento de la figura del voluntario cultural y su equiparación con el voluntario social.

La CESM elabora una propuesta que promueve un profundo cambio de marco normativo porque el actual lesiona los intereses de las sociedades musicales, consideradas como Entidades No Lucrativas (ENL), y que la legislación trata como empresas; soslaya su singularidad y características lo que resulta especialmente grave en materia tributaria porque les impide desarrollar los fines para los que han sido creadas en unas condiciones menos onerosas que las actuales en el impuesto de sociedades, IRPF, así como en la imposibilidad de obtener la declaración de utilidad pública, contraviniendo tanto la legislación vigente como el criterio de los tribunales.

Luis Vidal, secretario general de la CESM y responsable del proyecto para el cambio del marco normativo de las sociedades musicales, y Vicente Cerdá, presidente de la entidad, han expuesto a los responsables políticos los detalles de esta ambiciosa iniciativa que pretende lograr un adecuado reconocimiento de la labor que desarrollan las sociedades musicales españolas, sus bandas y escuelas de música para que puedan disfrutar del grado de protección y financiación que merecen por su contribución al interés general en sus ámbitos de actuación.

La CESM ha compartido la hoja de ruta diseñada para lograr este objetivo: trasladar a todos los grupos políticos el contenido del documento que redactan los expertos y que servirá de base para que evalúen el alcance de unas modificaciones que, previo estudio por parte de la Comisión de Cultura, puedan traducirse en propuestas concretas para realizar los oportunos cambios legislativos en el ámbito económico, fiscal, laboral, educativo o asociativo.

Con esta intensa labor desarrollada en materia de relaciones institucionales, la CESM avanza de manera firme y decidida en su papel como interlocutor del mundo bandístico en el Estado español y lidera las reivindicaciones y la defensa de los intereses de sus asociados, uno de los objetivos para los que se creó.