La Audiencia Nacional juzgará entre los próximos jueves y viernes a cuatro acusados en la pieza 9 del caso Emarsa, sobre el saqueo de la empresa pública gestora de la depuradora de Pinedo, de la que se inhibió el juez valenciano que les investigaba al imputarles delitos de blanqueo cometidos fuera de España.
Los cuatro acusados -los empresarios Jorge Ignacio Roca Semper y Vicente Gil Usedo, y los hijos de este último, Vicente y María Gil Blay, se enfrentan cada uno a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y al pago de una multa de 1,9 millones de euros e inhabilitación especial durante 7 años para el ejercicio de la industria y comercio.
El caso Emarsa se abrió en 2010 para investigar el supuesto saqueo de la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo, y derivó en una treintena de imputaciones en distintas piezas por el desvío de 23,5 millones de euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Roca Samper y a Vicente Gil Usedo de abrir una cuenta en Andorra en octubre de 2010, en la que Gil Usedo se identificó como ebanista jubilado y fabricante de abanicos y souvenirs, y a la que Roca transfirió 690.180 euros, supuestamente fondos públicos de Emarsa obtenidos de forma ilícita.
A juicio de la Fiscalía, los ingresos en las cuentas de los imputados no responden a la realización de actividad comercial alguna, puesto que los movimientos bancarios únicamente obedecen a transferencias para su reintegro o traspaso a otras cuentas, sin que revelen «la existencia de una actividad comercial lícita».
La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos «negocios»: uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.
El otro, el de tratamiento de lodos, se basó en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla. En junio, la Audiencia Provincial condenó al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta a 12,5 años de prisión y al exvicepresidente de la Diputación de València, Enrique Crespo a 10 años.
