La sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte del dictamen de la comisión de investigación del accidente de metro del 3 de julio de 2006 en València por lesionar el derecho al honor de un exalto cargo de FGV que fue declarado responsable político del accidente provocó ayer la reacción de los partidos en las Corts.
Los más contundentes contra la sentencia fueron los socialistas y Podemos, mientras Compromís señaló que el fallo crea un precedente y el PP exigió «responsabilidades políticas» a los firmantes de aquel dictamen, diputados de PSPV, Podemos, Compromís y Cs.
El síndic del PSPV, Manolo Mata, considera el fallo un golpe a la democracia parlamentaria y un recorte a todas las comisiones de investigación. Además añade que el fallo del TC supone un paso atrás en la protección de derechos constitucionales. En su opinión, el exalto cargo de FGV, hoy funcionario de la Generalitat, al que el tribunal ha dado la razón, «tuvo su grado de responsabilidad».
La diputada de Podemos Fabiola Meco también se mostró crítica con la sentencia. A su juicio el Tribunal Constitucional ha «confundido» la responsabilidad política y la jurídica». Según Meco, el responsable de recursos humanos de FGV tenía una responsabilidad política «clara». «Creo que el tribunal mezcla los planos jurídico y político -añade la diputada- porque nosotros no hacemos una imputación penal de un ilícito administrativo, sólo decimos que políticamente era responsable».
Meco recuerda que existe un voto particular a la sentencia que sí señala que no se debió haber estimado el recurso porque deja sin objeto las comisiones de investigación de los parlamentos.
Bonig: «Un varapalo al tripartito»
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, cree que la anulación de parte del dictamen es un ejemplo de lo mal que gestiona el tripartito. «Es un varapalo en toda regla y siento vergüenza ajena», lanzó ayer. La síndica del PP exigió a los diputados firmantes de aquel dictamen (todos menos el PP) que asuman su responsabilidad política.
El PPCV ha solicitado a la Mesa de las Corts que se dé traslado de esta sentencia a todos los organismos a los que se les remitió en su día el dictamen de la comisión porque la sentencia del TC señala que existe «una extralimitación de la comisión de investigación que está para dilucidar responsabilidades políticas y no judiciales».
Respecto a las responsabilidades políticas se preguntó por qué siguen en sus puestos imputados como el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez; el de Paterna Juan Antonio Sagredo o el diputado de Cultura Xavier Rius. «Siguen en sus puestos de responsabilidad y sin embargo al PP nos piden responsabilidades políticas por gente que ya no está en política», zanjó.
Al respecto, el síndic de Compromís, Fran Ferri, señaló que no se pueden pedir responsabilidades políticas a alguien «que no sabía que eso no se podía hacer». Según Ferri a partir de ahora las comisiones tendrán en cuenta esta sentencia del TC, que «sienta precedente» a la hora de elaborar los dictámenes de las investigaciones.
El TC considera que el dictamen de las Corts vulneró el derecho al honor de Dionisio García, exdirector de recursos humanos de FGV al atribuirle responsabilidades por el siniestro, una sentencia que ha alarmado a las Corts.
