El último informe de fiscalización de los fondos de financiación de las comunidades realizado por el Tribunal de Cuentas constata la cara oculta del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo con que el Estado palía a partir de 2012 la insuficiencia de fondos de algunos territorios para pagar los servicios fundamentales (la Comunitat Valenciana ha sido el segundo receptor en términos absolutos después de Cataluña).

Esa parte B es la asfixia económica presente y futura del Consell por las obligaciones que generan los préstamos del Estado, que es en definitiva lo que es el FLA.

El Tribunal de Cuentas pone de relieve en el documento, entregado ahora al Congreso de los Diputados, el «elevado porcentaje» de sus ingresos que la Generalitat debe dedicar desde 2018 hasta 2023 para hacer frente a las cuotas de amortización e intereses del Fondo de Liquidez.

En 2018 superó el 20 % de los ingresos, de acuerdo con los datos del organismo fiscalizador, y de 2019 a 2022 se situará por encima del 25 %. No hay territorio español que presente un panorama peor. Cataluña y Baleares estarían por detrás, pero a distancia. Es la consecuencia de la denunciada infrafinanciación valenciana, sin visos de solución de momento.

Lo que no subraya el informe del Tribunal de Cuentas es que, al no existir, obviamente, superávit en las cuentas públicas valencianas, el pago de las obligaciones del FLA recibido en el pasado se realiza con nuevas inyecciones de FLA. O sea, que el problema va creciendo como una bola de nieve y así se mantendrá mientras no se ponga solución al trato financiero de la C. Valenciana.

Para entender la situación hay que tener en cuenta que el FLA se paga con dos años de carencia y vencimientos a diez años, con lo que la losa actual se proyecta, como mínimo, hasta 2030.

El informe pone énfasis asimismo en los vencimientos del FLA no atendidos a tiempo por algunas comunidades, entre ellas, la valenciana. Observa así el Tribunal de Cuentas un «agravio comparativo» en la gestión del fondo de financiación, porque el Gobierno no cobró intereses de demora. Ve en ello una mejora en las condiciones de las autonomías incumplidoras con respecto a las que respetaron los plazos.

La situación referida se produjo después de las quejas al tener que pagar algunos gobiernos autonómicos (el valenciano, entre ellos) los intereses de unos vencimientos no atendidos porque el Gobierno no había transferido los nuevos fondos de financiación.

Así, fuentes del ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra interpretan esta observación del Tribunal de Cuentas no como un reparo a las comunidades, sino al Gobierno central, para que tome medidas que permitan que se pueda cumplir a tiempo con los vencimientos del FLA.

La primera recomendación al Gobierno del informe del ente fiscalizador es precisamente que prevea los recursos con «suficiente antelación», de modo que las comunidades puedan disponer de los recursos asignados para «atender sus vencimientos en fecha apropiada».