La Asociación SOS Racismo de Valencia ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja por la actuación de la Oficina de Extranjeros de València en relación con una mujer, de nacionalidad rusa, víctima de violencia doméstica, a quien ha denegado el permiso de residencia.
Según ha informado el presidente de esta organización, y abogado defensor de la mujer, Paco Solans, la afectada pidió permiso de residencia por razones excepcionales de ser víctima de violencia doméstica, y se empadronó y tramitó un pasaporte nuevo como exigía la Oficina de Extranjeros para ello.
Solans ha añadido que este organismo también le requirió que acreditara el tiempo que llevaba irregularmente en el país, "a pesar de que en este supuesto claramente no es exigible periodo previo de residencia irregular", y como no pudo aportar nada nuevo "se archivó el expediente".
La defensa de la mujer presentó un recurso contra esta decisión, y en la vista oral que se siguió en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de València, el pasado mes de junio, el juez estimó parcialmente el recurso contra la Delegación del Gobierno en Valencia, revocó el archivo del expediente y concedió la autorización provisional del permiso de residencia.
Ahora bien, según el abogado, al ejecutarse la sentencia y anularse el archivo, "la Administración ha dictado una denegación consistente en escudarse en un pequeño cambio de matiz que no varía para nada lo sustancial de su actuación", y considerar que "no se ha acreditado la estancia irregular en España en el momento en que se denunció ser víctima de violencia doméstica".
"Entendemos que tal retorcido despropósito no es sino un intento contumaz de 'sostenella y no enmendalla', por encima toda lógica", lamenta, ya que señala que la oficina de extranjeros "lo que era un archivo ahora lo convierte en denegación".
Por ello, ha pedido al Defensor del Pueblo que, antes de tener que acudir a un nuevo contencioso que supondrá un año de tramitación, "se dirija a la Oficina de Extranjeros para exigirles la revocación" de esta última resolución y proceda a conceder el permiso "al que tiene derecho" la mujer.
Del mismo modo, le pide que estudie un posible "expediente disciplinario que deberá abrirse contra el responsable de semejante despropósito", en referencia al jefe de la Oficina de Extranjeros, quien "viene siendo objeto de innumerables quejas por parte de todas las ONG que tratan el tema, dado su talante y actuación ultrarrestrictiva".
Lamenta por último que esta actuación está además provocando un perjuicio a la mujer, ya que aunque puso la denuncia en abril de 2017 "no fue hasta agosto de 2018 que pudo comenzar a recibir algún tipo de ayuda económica reconocida, debido a su falta de documentación, y ahora teme que incluso le puedan retirar tales ayudas".
