La ley de Servicios Sociales Inclusivos, la más social de la legislatura y una de las más trabajadas por el departamento que dirige Mónica Oltra, quedó ayer aprobada en comisión en las Corts y lista para ir al pleno. Pero la sesión, que había comenzado a las diez de la mañana, acabó pasadas las siete de la tarde tras múltiples recesos.
El PP incluso amenazó con acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales al alegar que no se podía votar la ley el mismo día en que se habían presentado 146 nuevas enmiendas. Pero el tripartito decidió rechazar la petición del PP y forzó la votación tras dar varias horas de margen para estudiar las enmiendas, pero los populares se negaron a votar las que se habían presentado a última hora.
El portavoz, José Juan Zaplana, calificó de «ataque a la democracia y a la libertad» que la votación se celebrará ayer y denunció «presiones y coacciones». La portavoz de Compromís, Mónica Àlvaro, aseguró que eran enmiendas que ya se habían debatido y que el PP ya las conocía, por lo que rechazó aplazar la comisión a otro día, como pedían los populares.
En todo el proceso se han presentado 548 enmiendas a una ley con 147 artículos. «Se van a producir graves problemas de seguridad jurídica», advirtió Zaplana, que pidió amparo a la cámara por aprobar la ley sin las mínimas garantías. Según aseguran la Conselleria de Igualdad modifica a última hora «el objeto de la ley al dejar fuera entidades privadas y su colaboración histórica con la Administración».
Según el Consell, la ley adecúa el sistema de servicios sociales a las necesidades de la ciudadanía y les da consideración de servicios esenciales y de interés general, lo que permitirá en el futuro «blindarlos y garantizarlos».
