Génova baja el tono con los imputados

València está centrando la atención del Partido Popular en las últimas semanas. Primero fue la confirmación como candidata al ayuntamiento de Maria José Català, pero esta semana el consistorio vuelve a estar en la diana por la imputación de Eusebio Monzó, portavoz y único concejal popular que no estaba siendo investigado judicialmente.

Sin embargo, el PP ha adoptado una postura distinta frente al nuevo investigado y tanto desde Génova como la propia Catalá coinciden en el planteamiento: «Prudencia».

Así se manifestó ayer el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien apuntó que «no han condenado a nadie» y antes que político «hay que ser persona». En la misma línea lo hizo la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, quien recordó que el PP es un partido «ejemplar» que respeta «la presunción de inocencia».

La dirección nacional ha bajado el tono con los imputados de su partido y la misma estrategia se sigue en València. Ayer, Maria José Català fue entrevistada en el programa Halcones y Palomas de Levante TV y no quiso ser contundente con la difícil situación de Monzó.

Insistió en que no había información exacta sobre la condición en la ha sido citado a declarar en el Juzgado número 3 de Castelló. Aludió a que Monzó podría entrar como investigado y salir sin esa condición. Con esa baza Català no aclaró si el portavoz municipal sería incluido en su candidatura o si se respetarían las líneas rojas de no admitir investigados.

La situación es delicada porque el PPCV tiene en estima a Monzó por haber mantenido el partido en el Ayuntamiento de València en las peores condiciones posibles con nueve concejales investigados en el caso Taula.

En la primera comparecencia pública de Català como candidata junto a Isabel Bonig, ambas expresaron su deseo de no «dejar ir» el talento de Monzó, lo que pudo interpretarse como que contarían con el concejal independiente en su lista. Sin embargo, tras la imputación, será difícil incluirle en la lista (se descartan los otros concejales), pero ahora todo indica que no será señalado por su condición de investigado como sucedió en el pasado con los otros 9.

En marzo de 2016 Isabel Bonig dio un ultimátum a los nueve concejales populares investigados por blanqueo de capitales: o abandonaban su acta o se les expulsaba del partido, una decisión que avaló el entonces vicesecretario de Comunicación Pablo Casado.

Ahora la situación es diferente y en el PPCV prefieren mantener al equipo municipal lo que queda de legislatura para no agravar más la situación durante la campaña electoral en València.