La comisión de investigación sobre la contratación de la Generalitat en el marco de la operación Taula llevó ayer a declarar al exgerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos, impulsada por Francisco Camps para conservar el patrimonio. Hizo un blindaje a su gestión entre 2003 y 2007 y aseguró que los contratos cumplían la legalidad y eludió asumir cualquier responsabilidad directa respecto a las supuestas adjudicaciones irregulares que se investigan porque se sometía «a los dictámenes del patronato». Negó que los contratos escondieran comisiones ilegales para financiar al PPCV, una sospecha que es» fruto» de la imaginación de Marcos Benavent, autodenominado «yonqui del dinero» e investigado como exgerente de Imelsa.
Burgos se desmarcó de las acusaciones de Benavent, quien «encendió un ventilador para salpicar a todos y meternos en el mismo saco». «Otra cosa es lo que hiciera un pillastre», dijo sobre Benavent, quien tenía responsabilidades en la fundación pero sin determinar cuáles. Reiteró que el objetivo era impulsar el valor del monasterio de Simat de la Valldigna y el agujero de 9 millones de euros «no era deuda, era déficit estructural» de las obras de rehabilitación ejecutadas. Burgos explicó que no había obligación de ser fiscalizados por la normativa entonces vigente.
