09 de febrero de 2019
09.02.2019

El Síndic de Greuges rechaza las quejas sobre el C1 de valenciano de la JQCV

La reclamación incidía en que la información de la web de la Junta no coincidía con la prueba

09.02.2019 | 12:50
El Síndic de Greuges rechaza las quejas sobre el C1 de valenciano de la JQCV

El Síndic de Greuges no observa "una actuación pública irregular" por parte de la Conselleria de Educación en las pruebas del nivel C1 de valenciano 2018 convocadas por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), a raíz de una queja presentada en la que se aludía a la falta de información concisa sobre la misma en la página web de la JQCV.

La autora de la queja señalaba que la información sobre la prueba que la Junta publicó en su web meses antes de la realización presentaba áreas que no se correspondieron con el examen que se hizo y también contenía un modelo de examen "que no servía de referencia", ya que correspondía a los anteriores del nivel mitjà y no a la nueva prueba de C1 adaptada al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Apuntaba que esta información fue "eliminada" de la web y actualmente solo aparece el examen de junio de 2018. También aludía que la Junta no incluyó la parte de comprensión oral que estaba contemplada en la guía de la prueba.

Por todo ello, mostraba su esperanza en que la Sindicatura recibiera más quejas para "contrastar estos hechos" y proponer la realización de una nueva convocatoria "para enmendar estas irregularidades".

Por su parte, la Conselleria de Educación respondió recordando que las pruebas para la obtención de los certificados de conocimiento de valenciano se regularon por una orden publicada en el Diari Oficial de la Generalitat y la prueba de c1 "ha cumplido con todos los artículos de la resolución de convocatoria". "La administración no valora las opiniones de carácter subjetivo, solo aplica y atiende la legislación vigente en el momento de los hechos", añadió.

El Síndic de Greuges, oídas ambas partes, ha concluido que no observa "una actuación pública irregular" que justifique que su acción continúe, y ha apuntado que "la ciudadana no aporta dato alguno que desvirtúe lo informado por la administración: estamos ante discrepancias o desacuerdos con las normas y criterios de aplicación entre la interesada y la administración educativa que por sí mismas no pueden motivar la intervención".

En todo caso, y ante el número de quejas tramitadas en relación a este caso, ha señalado que más allá de una situación particular y con el objetivo de mejorar la praxis de la administración recomienda a Educación que "trabaje y avance en la elaboración de nuevas herramientas y documentos para perfeccionar y mejorar la información facilitada a los posibles participantes, las bases de la convocatoria, el procedimiento a la que está sujeta, la organización, el desarrollo y control de las pruebas y la coordinación de las comisiones que se constituyan para la próxima convocatoria del año 2019".

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