Exhausta, estresada y aturdida. Sobre las 17 horas de ayer salía Carmen Leigue Ralde de los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna, donde ha pasado durante los últimos dos días un auténtico viacrucis. Nació en Bolivia, tiene 65 años, y llegó a València hace 17. Su hijo y su hija viven en España, y sus tres nietos, de 2, 4, y 6 años, nacieron en la capital del Turia. Pese a ello, el Juzgado Número 6 de lo Contencioso-Administrativo había estimado que no tiene «arraigo suficiente» en España, por lo que se decretó su orden de expulsión, que se iba a consumar anoche mismo. Pocas horas antes de que saliera el vuelo, la presión popular logró que Carmen, de momento, se quede en València.
Desde que llegó a este país, Carmen se dedicó a trabajar como asistenta de hogar y al cuidado de niños o ancianos. Como muchas otras mujeres en su situación, casi siempre lo hacía sin contrato. Aún así, consiguió permisos de residencia bianuales. El último de ellos caducó hace dos años. Fue a renovarlo, pero no llegaba a la cotización mínima para poder hacerlo.
Hace poco menos de un mes, el 21 de enero, según el relato de su hijo Eric, dos policías nacionales de paisano la detuvieron a la salida de un locutorio en el barrio de Patraix y la llevaron a la comisaría de Paterna. Tras comprobar que su permiso de residencia había caducado, le comunicaron que se iniciaría el procedimiento de deportación. Además le requisaron el pasaporte y le informaron de que debía acudir a firmar de manera semanal a la propia comisaría.
El pasado lunes 11 de febrero la citaron para que acudiera al día siguiente a las dependencias de Paterna. Allí, el martes 12 le mostraron la orden de expulsión que, según aseguran los familiares, le indicaron que se haría efectiva en 72 horas. Carmen se encontraba desde entonces en los calabozos de Paterna sin poder ver a su familia y, angustiada, a la espera de que se pudiera resolver su situación sin que sea deportada. «Allí en Bolivia no tiene nada, se quedaría debajo de un puente», lamentaba Eric, que recordaba que Carmen se dedica diariamente al cuidado de sus nietos «porque sus padres trabajamos todo el día». «Papá, ¿dónde está la abuela?, preguntan ya los niños», relataba.
La situación se hizo pública ayer y la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) inició una movilización popular para exigir al delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, que revocara la orden de expulsión. Según ha podido saber Levante-EMV algunas personalidades como los secretarios generales de CC OO-PV y UGT, Arturo León e Ismael Sáez, o la diputada de Igualdad de la Diputación de València, Isabel García, pidieron personalmente a Fulgencio la libertad de Carmen.
A las 17 horas, la presión popular consiguió su efecto. En las puertas del juzgado le esperaba su hijo Eric que, tras lo acontecido, no pensaba separarse de ella. Carmen explicó que lo pasó mal en los calabozos por la incertidumbre de no poder contactar con sus familiares y porque no disponía de la medicación que necesita. Padece de diabetes e hipertensión, lo que hizo que tuviera vómitos y se desmayara en las dependencias policiales, donde la atendieron. El susto, de momento, ya pasó. Carmen se quedó en València.
