El fiscal emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha asegurado que no se ha reaccionado lo suficiente en España ante la gravedad de los hechos relacionados con la corrupción, una forma de actuar que "degrada la democracia y las instituciones" y que merece una respuesta contundente por parte de los ciudadanos.
Martín Pallín participa este lunes en el acto de presentación del cuaderno pedagógico "Caso Blasco, una experiencia ciudadana de lucha contra la corrupción", en el que se informa también de la campaña de micromecenazgo lanzada por la coordinadora valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso Cooperación.
Preguntado por EFE por casos como los conocidos en los últimos días sobre las cloacas del Estado, el exfiscal y exmagistrado ha manifestado que deberían influir "decisivamente en una cultura democrática, como ocurrió en el caso Watergate en Estados Unidos y la destitución de Nixon".
Pero en España "no se ha reaccionado con la conciencia suficiente ante la gravedad de la corrupción" y la respuesta debería ser "contundente" por parte de los ciudadanos, que tienen en sus manos saber "elegir a los políticos que ofrezcan garantías de que no van a existir casos de corrupción", ha recalcado.
Sobre el caso Cooperación, en el que la ONGD pide más de 150 años de prisión para el exconseller Rafael Blasco, Martín Pallín ha señalado que es un caso dentro de un fenómeno "bastante generalizado" que alcanza cotas preocupantes para la salud democrática y la salud económica de un país.
La justicia, con su estructura actual, es necesariamente lenta y, cuando da respuesta, la da tarde y a veces de forma insatisfactoria, pero hay tratamientos preventivos en política como la transparencia o la presión ciudadana, y mecanismos de control que son una buena fiscalización y auditorías internas y externas, ha señalado.
Para ello hay que disponer de medios materiales, humanos y técnicos suficientes, ya que las medidas contra la corrupción están tomadas, incluso en organismos internacionales como el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción).
Haría falta, ha dicho, ampliar la fiscalía anticorrupción y potenciar las unidades de investigación policial, la inspección tributaria y aumentar el número de profesionales, que es algo que "siempre cuesta caro".
