La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente busca una solución al vencimiento del convenio con la Diputación de València sobre la gestión de las depuradoras provinciales. Será una medida «puente» hasta una resolución definitiva, pero el tiempo se ha agotado y el contrato vence en agosto.
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) gestiona las depuradoras junto a Egevasa, la empresa mixta de la diputación y de Global Omnium. Desde 1997 mantienen un acuerdo que se renueva tácitamente y que recoge que se rescindirá un año después de finalizar la construcción de la última depuradora que figura en el convenio, fechado para este mes de agosto con opción a alargarlo a octubre.
La medida transitoria que ahora se baraja permitiría prolongar un tiempo más el convenio. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente no especificaron cómo lo harán ni que método se utilizará, pero parece poco probable que la gestión de las aguas residuales vaya a ser objeto de concurso público en un futuro inmediato. Egevasa tiene 400 empleados cuyo trabajo estaría en juego, aunque el Consell salió al paso en noviembre garantizando que la Epsar, propiedad de la Generalitat, los subrogaría si el contrato no se renueva.
En el departamento que dirige Elena Cebrián la idea que siempre se ha mantenido era sacar a licitación la explotación de las 59 depuradoras cuando venza el contrato, tal como marca la legislación actual para empresas con fondos públicos y privados. Es el caso de Egevasa, participada al 51% por la Diputación de València y al 49 % por la empresa privada Global Omnium (antes Aguas de Valencia).
Por ello, la única opción que ahora conciben como alternativa a la licitación pública sería que Egevasa fuera íntegramante de titularidad pública.
Sin embargo, en la corporación provincial veían factible renovar el contrato sin necesidad de sacarlo a concurso público. Así creen que lo avala el informe del Consell Jurídic Consultiu que el presidente de la diputación, Toni Gaspar, solicitó en enero para esclarecer el futuro del convenio.
Las interpretaciones sobre el dictamen del órgano son diferentes. La Diputación de València ve como el Jurídic considera viable la prórroga del convenio tal como está concebido porque se trata de una encomienda de gestión que no se regula por la Ley del Sector Público. Sin embargo, el Jurídic deja en manos de la conselleria la decisión de alargar o rescindir el contrato.
Mientras, fuentes del área que dirige Cebrián observan reticencias en el informe del Jurídic. De firmar un nuevo contrato interadministrativo, como podría plantearse, «bien por la pérdida de vigencia del suscrito en 1997 y sus prórrogas o bien por suponer la realización de tareas o prestaciones distintas [...] no será posible la encomienda directa», dice el escrito.
