La Coordinadora Valenciana de ONGD insiste en su negativa a firmar «ningún acuerdo de conformidad que no garantice la devolución de lo defraudado y la justicia efectiva», además de «la asunción de unas condenas razonables» con el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco.
La coordinadora representa a la acusación particular en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un hospital en Haití que no llegó a construirse. La Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado acuerdos de conformidad con 17 de los 24 acusados, entre ellos Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, los dos principales implicados.
Para la coordinadora, cualquier acuerdo que no contemple dichas condiciones es «inaceptable», dado que «estaría lanzando a la ciudadanía un mensaje de impunidad frente a la corrupción y lo estaría haciendo en el caso más inmoral que ha sacudido la Comunitat Valenciana», declara la presidenta de la coordinadora, Lourdes Mirón.
Desvío de 4,5 millones
Este caso supuso el presunto desvío de, al menos, 4,5 millones destinados a la cooperación internacional con once países empobrecidos, incluida la ayuda de emergencia a Haití tras el terremoto de 2010, que causó más de 300.000 muertes y dejando sin hogar a un millón y medio de personas. El pasado lunes el letrado de Blasco aportó a la sala un título de propiedad de un local en la calle Taquígrafo Martí en València -con un valor de 619.228 euros y una tasación de alrededor de 400.000, según el abogado- del que «ni siquiera es propietario», según la coordinadora.
La entidad entiende que dicho ofrecimiento «no es serio y en modo alguno garantiza el resarcimiento de la responsabilidad civil y los daños morales que se le reclaman». Y pide a la Abogacía de la Generalitat que no se sume a ningún acuerdo que pueda «lanzar hacía la ciudadanía un mensaje de impunidad ante la corrupción».
