Hace unas semanas, uno de los influyentes analistas en la corte parlamentaria de Madrid dejaba en las redes sociales una propuesta singular: trasladar la sede del Consejo de Ministros a València, manteniendo la capitalidad administrativa en Madrid, decía Enric Juliana. El director adjunto de La Vanguardia defendía la descentralización «visible» de otros órganos del Estado. El Senado es la gran pieza del tablero institucional de la que más se ha hablado como objetivo de deslocalización: se trasladaría a Barcelona como gesto para intentar serenar el conflicto territorial y apaciguar el volcán independentista.
Pero la máquina centrifugadora de poder no afecta solo al Estado con respecto a la periferia española. El segundo Consell del Botànic ha debutado con una decisión inédita: el traslado de la sede central de la nueva Conselleria de Innovación, Universidades y Sociedad Digital a Alicante.
Sin embargo, la cuestión que surge es si estas actuaciones son simplemente cosméticas o la plasmación de un verdadero sentimiento federal. Algunos de los expertos consultados por Levante-EMV defienden que es más efectivo activar mecanismos verdaderos de cooperación entre Gobierno central, autonómico y local que descentralizar órganos de poder.
En clave valenciana, el catedrático de Geografía Humana Joan Romero considera que sería mucho más importante, por ejemplo, que se dotara de contenido a figuras esenciales, como la Conferencia de Presidentes o las Conferencias Sectoriales.
«España sigue siendo -en opinión del experto- un Estado sin cultura política federal y sigue pendiente nuestro mayor desafío colectivo que es nuestro gran problema histórico y que no es otro que el reconocimiento de la existencia de las diversas naciones que en España existen y que ahora se impugnan mutuamente con más intensidad que en décadas precedentes», reflexiona.
Añade Romero que en su opinión sería poco relevante en términos simbólicos el traslado de instituciones a otras ciudades y tal vez podría incluso dificultar la eficacia e la gestión.
La profesora y politóloga Rosa Roig opina que en la Comunitat Valenciana es necesaria una nueva articulación política y territorial que pasa por la descentralización en términos comarcales.
En opinión de la experta, las provincias no recogen toda la diversidad ni permiten acercar la Generalitat a todas las localidades, a pesar del intento de las diputaciones, explica. «No sólo es la Consellería de Turismo en Benidorm que ya llega tarde, sino que hay otras áreas e instituciones que se deberían estudiar. La Generalitat en las comarcas del interior y el sur de Alicante es desconocida», analiza.
La misma idea plantea el profesor de Derecho Martín Cubas: «No podemos descentralizar el Estado y actuar en sentido contrario en otros niveles de gobierno como el autonómico; centralizando, por ejemplo, la acción política de las comunidades autónomas en torno a su capital. Aquí también hay mucho por hacer», añade.
Sobre la descentralización intracomunitaria, el expresidente del Consell Jurídic Consultiu Vicent Garrido Mayol cree que, igual que ocurriría en el Estado, sería «disfuncional y antieconómica».
Y no imagina Garrido consellerias repartidas por todo el territorio valenciano. «Al ciudadano lo que le interesa es sentirse atendido por su gobierno autonómico y sentirlo cercano, con independencia de su sede oficial. Es cuestión de hacer buena política, Gobierno fuerte e instituciones fuertes», añade el experto.
Vertebración pero económica
La politóloga Aida Vizcaíno cree que no es necesario ahondar en un maquillaje político, sino en la vertebración del territorio que pasa por la cuestión económica -productividad y empleo- y, sobre todo, por la vertebración sociocultural, muy especialmente en Alicante y en gran parte del interior de la Comunitat Valenciana. «Yo apostaría más por la fluidez y dinamización de las instituciones, procesos y decisiones que no por una relocalización en las capitales, pero eso requiere que entender la vertebración territorial como una descentralización de poder», dice.
Colapso del modelo autonómico
El catedrático Romero, ya en una reflexión más general en clave de Estado, subraya que el problema fundamental es que existe «un déficit muy importante de gobernanza y calidad institucional que no se soluciona con medidas mínimas».
Romero añade que el Estado Autonómico «evidencia un gran problema de coordinación y cooperación institucional y la ausencia de mecanismos institucionales eficaces para desarrollar políticas públicas es uno de los mayores obstáculos y el actual Estado Autonómico no solo no avanza en el desarrollo de mecanismos de coordinación, esenciales en un Estado de estas características, sino que evidencia un notable grado de bloqueo», apunta Romero.
Martín Cubas sí opina que medidas de descentralización de órganos del gobierno del Estado como el Senado en Barcelona o de alguna institución en València son necesarias en un Estado compuesto y plural como el nuestro.
«Nada obliga ni mucho menos justifica que todos los órganos e instituciones del Estado central se ubiquen en Madrid. Al contrario, si de verdad queremos fortalecer la unidad del Estado, este debe saber trabajar en red, estar presente en el conjunto del territorio y adaptarse a la realidad autonómica para ganar tanto en eficacia como en legitimidad», defiende.
«Necesita redefinirse la estructura, sus unidades y sus modelos de articulación funcional. En ese sentido, no puede quedar todo en meras acciones simbólicas como la ubicación del Senado en Barcelona, por muy importante que ésta sea. Como mínimo hay que redimensionar el tamaño de algunos ministerios, rediseñar la administración periférica del Estado, incorporar la voz de las comunidades autónomas y de los entes locales», añade Martín Cubas.
«Produciría nuevos agravios»
Garrido Mayol señala que la descentralización de órganos de gobierno del Estado es «antieconómica» y produciría agravios comparativos entre ciudades y autonomías y remarca que el gasto que ello supone es «enorme».
En su opinión, residenciar hoy en Cataluña el Senado o el Tribunal Constitucional sería «un premio inmerecido que comportaría sin lugar a dudas una burla por parte de los independentistas». Por otra parte, otras comunidades autónomas, como la valenciana, la gallega o la andaluza, exigirían acoger otras instituciones, y no hay tantas para satisfacer a todas. Por ello el pluralismo se reforzaría con un Senado reconfigurado (en funciones y composición) y con una intensa participación de las autonomías», añade.
Vizcaíno lamenta que a las puertas de la tercera década del siglo XXI la cuestión territorial y la descentralización sigan sin resolverse. «La diferencia con los últimos 20 años es que algunos territorios van en serio, y por territorios hablamos de una parte de la población, no lo olvidemos». Por eso sostiene que quedan ya «pocas salidas con probabilidades de final feliz para dar respuesta a la cuestión territorial en general, no sólo a Cataluña. Y todas pasan por una descentralización», añade.
En cambio, la politóloga Rosa Roig sí cree que efectivamente la actual podría ser la legislatura de la descentralización de órganos, acercando las instituciones a la ciudadanía. «Ello podría revertir la desconfianza ciudadana hacía el sistema político. Además, permitiría acabar de dar forma al Estado Autonómico», asevera.
«La descentralización de los órganos del Estado sería un reflejo de esa España plural y ayudaría a desarrollar una cultura donde la diversidad no sería percibida como un problema, sino como riqueza».
