En el sistema de tutela de menores de la Comunitat Valenciana hay centros y residencias y también pisos tutelados donde conviven varios menores en viviendas sin rotular que forman parte del sistema de protección para fomentar la integración. Este modelo de protección donde los centros se parecen lo más posible a un hogar está, sin embargo, en peligro a pesar de que es el patrón hacia el que trabaja la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra.
La conselleria pretende que los macrocentros den paso a pisos tutelados, pero las empresas que gestionan esas mismas viviendas y son entidades sin ánimo de lucro llevan meses sin cobrar y ya han dado la voz de alarma: «No podemos continuar así, necesitamos que el Consell nos pague y nos pague ya porque no nos podemos endeudar más y debemos atender a los menores lo mejor posible porque nuestra prioridad es la defensa de los menores tutelados». Por ello, ayer, trabajadores de las ONG que gestionan los centros de menores -y trabajan, principalmente, en pisos tutelados- se manifestaron otra vez ante el Palau de la Generalitat para exigir «que aceleren los pagos que deben a los centros de menores».
Las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con menores afirman que los niños y niñas tutelados no han notado los impagos. El programa, las dietas, las extraescolares, las excursiones, las terapias, el trabajo con los menores se mantiene pero ¿a costa de qué? «A costa de nuestro sueldo, porque llevamos meses sin cobrar. Tras un pago que ya realizaron, ahora nos deben febrero, marzo, abril, mayo y junio y no sabemos cuándo vamos a cobrar, que es lo más lamentable. Trabajamos gratis y lo hacemos porque no trabajamos con manzanas, trabajamos con niños tutelados que no tienen una familia que se encargue de ellos», explican desde la patronal, Apime.
Ahora bien, si desde esas ONG sin dinero ahorrado le explican a la conselleria que el programa de trabajo con los menores corre un riesgo por los impagos, la respuesta es clara: «Nos han dicho desde la dirección general de Infancia que si hay algo que no podemos cubrir (de dietas, programa o de ocio) les avisemos porque trasladarán a los niños a un centro que sí pueda atenderlos porque tengan más capacidad económica para soportar la deuda».
Complejidad administrativa
Sin embargo, la versión de la Conselleria de Igualdad es diferente. «La Conselleria de Igualdad y la de Hacienda están trabajando para agilizar los pagos a las residencias y hogares de acogimiento de infancia y adolescencia, que viene motivada por la transición de un modelo de subvención a uno de concierto social, cuya complejidad administrativa hizo que se alargaran más de lo previsto los plazos para su publicación y entrada en vigor el pasado mes de junio», afirman desde la conselleria. Y explican qué medidas han adoptado mientras el concierto social se convierte en realidad: «Ante esta situación, que no afecta a la totalidad de los centros del sistema de protección, la conselleria y el Instituto Valenciano de Finanzas han vuelto a establecer una fórmula de colaboración de manera que las entidades que lo requieran puedan acceder antes a los fondos en unas condiciones lo más ventajosas para ellas».
