El plazo para presentar las cuentas generales del ejercicio de 2018 de À Punt se agotó ayer. La empresa pública no ha cumplido con el plazo tras las desavenencias que se produjeron en la reunión del consejo rector del jueves, cuando los auditores arrojaron dudas del informe presentado.
Según ha podido saber este diario, el conflicto radicaría en la falta de justificación de parte de los fondos transferidos de la Generalitat a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. El ente quiere arrastrar los fondos no ejecutados al siguiente ejercicio, pese a la negativa de la Intervención, que sostiene que deben ser devueltos a las arcas públicas. Aún así, el informe de la Intervención de la Generalitat ya ha sido alegado por la cadena.
Eso se suma a la falta de claridad en la presentación de las cuentas y a los escasos ingresos obtenidos durante 2018, ni por publicidad ni por la venta de contenidos. El artículo 18 de la ley 6/16 contempla que si la liquidación del presupuesto anual de la corporación determina que existe un déficit con una desviación del 10 % o si los ingresos disminuyen más de un 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto, el consejo rector es el responsable último y, por tanto, cesará.
Fuentes de la corporación restaron importancia a la demora en aprobar la cuenta general. Se hará en los próximos días, aunque eso suponga que el Consell Jurídic, en su auditoría, saque los colores por la informalidad. La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que À Punt no dispone ni de un jefe del departamento económico ni del jurídico un año después de haber comenzado a emitir. Además, tampoco hay un interventor (hubo uno que solo estuvo dos días) como recoge la ley para empresas con más de 25 empleados.
Ayer, el PPCV no dudó en pedir explicaciones al Consell y pedir su intervención en la «ruinosa» situación de la cadena. La secretaria general, Eva Ortiz, aseguró que la deuda se ha disparado «por encima de los 48 millones de euros, alcanzando ya casi el presupuesto anual en solo dos años y muy por encima del 10% máximo fijado por ley», por lo que pidió el cese de todos los responsables de la cadena. Mientras, el PSPV afeó a los populares que critiquen «impunemente» a À Punt cuando ellos dejaron un pufo en Canal 9 de más de 1.400 millones de euros», como dijo el síndic Manolo Mata.
