El segundo juicio del caso Blasco por el desvío de las ayudas a la cooperación ha sido el juicio por conformidad más largo de la historia judicial. Una conformidad suele suspender las vistas ya que se supone que los principales acusados admiten los hechos y, por lo tanto, no cabe celebrar juicio. Pero de las cuatro patas del juicio del caso Blasco dos ellas, la acusación particular y la popular, estaban dispuestas a que se practicara la prueba por lo que durante treinta y tres sesiones han desfilado testigos, peritos y policías para someterse al interrogatorio de todas las partes, incluída la Fiscalía Anticorrupción, impulsora de diecisiete acuerdos con otros tantos procesados, del total de 23 que se han sentado en el banquillo de los acusados. Unos pactos que vienen marcados por la advertencia del Supremo de que si los acusados volvían a ser condenados por los mismos delitos que en la primera pieza, las condenas no podrían superar, por ejemplo en el caso de Blasco, los ocho años de prisión (en el primer juicio fue condenado a seis años y seis meses de cárcel).

Este sí pero no ha hecho que, a pesar de admitir los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental, todos los acusados han defendido que el desvío de las ayudas no se produjo, no al menos en su totalidad. Y todos han alegado, hasta la última sesión celebrar ayer, que las subvenciones para proyectos de cooperación se ejecutaron.

Y ahí es donde ha residido el caballo de batalla de este juicio que ahora debe decidir la sección quinta de la Audiencia. ¿Cuánto dinero se ha desviado? Las cifras han variado desde los 8 hasta los 5 millones. En el primer juicio por el desvío de las ayudas el TSJCV determinó que el Tribunal de Cuentas decidiera la responsabilidad contable del dinero desviado. Un tribunal que sólo puede reclamar a funcionarios públicos o los beneficiarios de las subvenciones defraudadas. Una categoría en la que no entra el empresario Augusto Tauroni, que ha conseguido ser absuelto por el Tribunal de Cuentas y que la Generalitat tenga que pagarle 121.295 euros en costas. Por eso la Abogacía de la Generalitat reclamó al tribunal: «Haga una cuantificación porque si se deriva al Tribunal de Cuentas se nos escapa un montón de gente».