01 de agosto de 2019
01.08.2019
Migración

Reclaman que los extrajeros indocumentados puedan denunciar sin ser expulsados

El Defensor del Pueblo insta a Interior a dictar las "instrucciones necesarias" para impedir nuevos casos como el de la joven hondureña detenida

01.08.2019 | 11:21
María, asomada a la ciudad desde la sede de la ONG València Acull.

Ningún extranjero sin documentación será sometido a un expediente de expulsión cuando acuda a una comisaría o cuartel a denunciar un delito, como le ocurrió a una joven hondureña en la comisaría de Xirivella el pasado mayo, si el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska atiende y empieza a aplicar la recomendación del Defensor del Pueblo hace apenas dos días, en la que insta al ministro a "dictar las instrucciones precisas" para que no vuelva a producirse un caso similar.

El organismo que defiende los intereses de la ciudadanía y vela por el cumplimiento de sus derechos ha emitido esta recomendación precisamente a raíz del caso de la joven hondureña, aún pendiente de resolución por parte del delegado del Gobierno en València, Juan Carlos Fugencio , después de recibir una queja de la ONG València Acull/València Acoge, que está dando apoyo y visibilidad al caso de esa joven.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, María (nombre ficticio pactado para la entrevista que concedió la joven a este diario) acudió con un amigo a la comisaría de Xirivellapara denunciar al casero de su amigo después de que la agrediera e insultara con términos vejatorios y de claro contenido machista, pero no pudo llegar a formalizar esa denuncia porque los agentes abrieron un expediente de expulsión al comprobar que se encontraba en territorio español en situación ilegal, dando prioridad así a la irregularidad administrativa sobre la infracción penal. De hecho, tuvo que acudir días después a denunciar a un juzgado, ya que no había podido hacerlo en las dependencias policiales, según ha explicado en numerosas ocasiones.

Una vez analizado el caso, el organismo que dirige Francisco Fernández Marugán se ha dirigido al ministro del Interior para recomendarle que dicte "las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional", según consta en el escrito que esta institución ha enviado a València Acoge.

De esta forma, el Defensor no sólo desautoriza la actuación de la policía de Xirivella y del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, quien justificó el procedimiento de expulsión "porque así lo marca la ley", sino que además pide al ministro que adopte medidas para que no se vuelva a repetir ninguna situación semejante.

Tras conocer la respuesta, València Acoge, a cuya denuncia pública se hn sumado más de 170 colectivos y ceca de un millar de personas a título personal, entre ellas los dos alcaldes de Xirivella que se han sucedido en el cargo en estos dos meses, ha solicitado al Defensor del Pueblo "que considere la posibilidad de ampliar su recomendación al ministro para que no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación".

La razón de esta solicitud, explica el colectivo, "es que hemos tenido conocimiento de que también se han dado casos de incoación de expedientes de expulsión a personas que han ido a denunciar la pérdida del pasaporte o a recoger la cartera extraviada, aunque no los hemos podido documentar hasta el momento".

En 2004, el Defensor del Pueblo ya requirió a la Dirección General de Policía por la misma razón que ahora se ha dirigido directamente al ministro del Interior, tal como recordó la semana pasada este diario. En el informe de aquel año, el Defensor explicaba que había conocido informaciones sobre mujeres migrantes irregulares que sufrían violencia por parte de sus parejas que no se atrevían a denunciar por temor a ser expulsadas.

La respuesta policial fue que en estos casos no hacían distinción por nacionalidad o situación administrativa y que ante la concurrencia de infracciones penales y administrativas, "la investigación de la infracción penal prima sobre la incoación del procedimiento administrativo y, sobre ambos procedimientos, se otorga prioridad a la protección y atención a la víctima".

Sin embargo, el Defensor conoció otros casos de personas extranjeras en situación irregular que han sido víctimas de delitos distintos al de violencia de género a las que también se les iniciaba la expulsión cuando acudían a denunciar. Para el Defensor resultaba paradójico que "el empeño en la persecución de la conducta de menor gravedad, el ilícito administrativo, dificulta a las autoridades policiales cumplir con su principal misión de prevención y persecución de los delitos" y destacaba que ante personas con riesgo de exclusión social, como las extranjeras en situación de irregularidad, "interesa especialmente hacer patente la idea de que las fuerzas y cuerpos policiales están, antes que nada, para perseguir delitos y procurar la puesta a disposición judicial de los que aparezcan como culpables de los mismos".

Por tanto, dirigió otra recomendación a la Dirección General de Policía para que no se incoaran expedientes de expulsión a quienes acudan a denunciar delitos, a la que se contestó que si no se actuaba así se infringiría el ordenamiento jurídico. El Defensor manifestó su "sorpresa" ante esa respuesta por contradecir el planteamiento que la propia policía había manifestado ante las víctimas de la violencia de género: por encima de todo prevalece la protección y atención a la víctima. El Defensor no cejó en su empeño y volvió a requerir a la Dirección General de Policía.

En el informe del Defensor de 2005 se recogió la respuesta policial que insistía en que si renuncian a incoar la expulsión estarían infringiendo la norma y solicitaba un cambio en el marco jurídico que posibilitara la asunción de la recomendación. Ese año, el Defensor solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que estudiaran la cuestión y "se examinen las vías existentes para acoger el criterio expuesto por el Defensor del Pueblo, evaluándose en su caso la procedencia de instar las reformas legales y reglamentarias que se estimen precisas, para dar una solución satisfactoria al asunto planteado".

Casi dos décadas después, la policía continúa incoando expedientes de expulsión a quienes acuden a sus dependencias y no tienen regularizada su situación administrativa porque ninguno de los sucesivos legisladores han cambiado el marco legal que ampare esa respuesta policial.

"Mientras esta situación no cambie, València Acull insta a seguir denunciando cualquier violación de derechos, pero recomienda a quienes no tengan papeles acudir al juzgado de guardia para evitar el riesgo de ser expulsado o expulsada", concluye el colectivo valenciano.

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