La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sacará un nuevo concurso para la gestión de la red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) siguiendo las recomendaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), que ha anulado el proceso inicial por excluir a las empresas, según fuentes de ese departamento. El TARC ha anulado definitivamente este concurso en lo relativo a la inclusión de la cláusula que restringe el acceso a las entidades sin ánimo de lucro inscritas en los registros correspondientes después de que el pasado mes de julio acordara la suspensión provisional, según informó ayer la patronal Aerte, una de las tres entidades que presentaron un recurso, en un comunicado.
La conselleria sacará un nuevo concurso para esta red, «que debe ser un recurso social, gratuito, universal y específico para la infancia y la adolescencia». Así, explica que en estos puntos se produce la intervención requerida en aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los niños, niñas y adolescentes con alguna persona progenitora o miembro de su familia se encuentra interrumpido o es de difícil desarrollo.
Por ello, el nuevo concurso mantendrá el objetivo de «mejorar la atención», con una mejora de las plantillas y la incorporación de nuevos perfiles profesionales, como los técnicos en integración social, promoción de la igualdad de género, trabajadores y trabajadoras sociales y educadores y educadoras sociales. Asimismo, se prevé la mejora de los horarios de atención.
El TACRC ha considerado que no se puede excluir a las empresas en este concurso ya que «no se han cumplido ninguno de los requisitos para no aplicar el principio de carácter general, consagrado en el artículo 132 de la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público], de prohibición de reservar contratos a entidades por su forma jurídica o por su falta de ánimo de lucro», según Aerte. De este modo, se estima el recurso especial en materia de contratación que presentaron el pasado mes de junio la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), junto a dos entidades del sector, contra los pliegos de este concurso.
El motivo de la presentación de dicho recurso era la imposibilidad de que empresas pudieran presentarse a la gestión de dicho servicio lo que, desde el punto de vista de Aerte, era contrario a la LCSP, que indica que no podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, que «no es el caso que nos ocupa».
