El frenazo de los socialistas a debatir sobre financiación en el Senado y a que la ministra de Hacienda explique el bloqueo a la liquidez financiera que exigen las autonomías ha enfadado a Compromís y Unides Podem, socios del PSPV en el Pacte del Botànic. Pero es la consecuencia que provoca que el dinero (720 millones) no vaya a llegar a las arcas valencianas lo que genera el segundo foco de tensión, porque obliga a acometer recortes en el presupuesto y, de momento, no hay acuerdo entre los socios sobre como abordarlos.
La Conselleria de Hacienda va a realizar ajustes en forma de retenciones de crédito (unos 500 millones), pero fuentes de Compromís apuntan que el acuerdo definitivo sobre las cantidades que afectarán a cada conselleria no está aún cerrado.
En julio se produjeron encuentros entre la Dirección General de Presupuestos y los subsecretarios de cada conselleria. Los primeros pusieron sobre la mesa los créditos que quedan disponibles descontadas las necesidades para sufragar los servicios públicos fundamentales y las consellerias señalaron aquellas necesidades que requieren para acabar el año, pero que aún no están reflejadas y por tanto Hacienda no las conoce.
Pero a partir de esa información cruzada quedó pendiente volver a sentarse y buscar el pacto. Hacienda señala que las áreas dirigidas por Compromís asumirían retenciones por valor de 226 millones y las del PSPV por 163, mientras las de Unidas Podemos lo harían por 48 (437 millones en total).
Pero, según ha sabido este diario, esas cifras corresponden aún a la fase inicial, es decir al crédito disponible a fecha de julio descontadas las necesidades para los servicios públicos fundamentales, pero sin tener en cuenta aún las necesidades aportadas por las consellerias, por lo que las cifras quedan a expensas de un pacto.
De hecho, la vicepresidenta, Mónica Oltra, se dirigió al conseller de Hacienda, Vicent Soler, para sentarse y abrir un diálogo para llegar a un acuerdo consensuado.
Pero en Compromís quieren que más allá de la cuestión económica se produzca un pacto político, que tendría que incluir también una actuación sobre los ingresos y no solo sobre los gastos. Ese acuerdo significaría que el Consell debería mover ficha y exigir a Madrid que desbloquee las transferencias ordinarias (las que la ministra Montero dice que no puede transferir porque se lo impide la Abogacía al estar el Gobierno en funciones) y que incluyen la actualización de entregas a cuenta de la recaudación real de la financiación o el IVA pendiente. En Compromís entienden que se trata de transferencias ordinarias que se pueden enviar ya que no implican decisión política, por lo que quieren que el Consell las exija.
Ayer, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, aseguró en las Corts respecto al bloqueo del debate sobre la financiación que su formación tiene que ser coherente y que por tanto no entienden la postura del PSOE.
«Recortes consensuados»
Y respecto a los recortes, Mas sostiene que se deben consensuar, por lo que se deberá llegar a un acuerdo en el seno del Consell. La también portavoz adjunta, Mónica Álvaro, cree que habrá acuerdo. Más lejos llegó el senador Carles Mulet (Izquierda Confederal en el Senado) que calificó de irresponsable la gestión del PSOE aboca a las autonomías a la asfixia.
Mientras, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, admite que a su formación no le ha gustado el frenazo al debate de la financiación. «No parece que haya voluntad política de avanzar», dijo. «Es una excusa de mal pagador», remata su compañera y diputada de Esquerra Unida, Estefanía Blanes. Sobre los recortes, Davó llama a dejar a salvo de a Vivienda.
Por su parte, la síndica adjunta de los socialistas, Carmen Martínez, se defiende en que el Gobierno está en funciones y asegura que la financiación es una cuestión prioritaria que seguirán exigiendo igual que sus socios.
