Financiación autonómica. Dos palabras que en las apenas 48 horas de inicio de curso político copan la agenda política valenciana y se han convertido en la principal arma para erosionar al socio mayoritario de Gobierno del tripartito: el PSPV. Todos los grupos parlamentarios, a excepción de los socialistas, han centrado sus iniciativas políticas en la que es la madre del cordero de la reivindicación valenciana: acabar con el maltrato financiero con un nuevo reparto que saque a la Comunitat Valenciana del furgón de cola. La bandera no es nueva y además es compartida por todo el espectro ideológico si bien en el arranque de la segunda legislatura con la izquierda en el poder se ha situado en el centro del debate político. La asfixia financiera en la Generalitat por el bloqueo de los presupuestos del Estado y la incertidumbre de una posible repetición electoral ha puesto las bases para una tormenta perfecta situada encima de la cabeza del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Tal es así que el jefe del Consell y su partido no sólo recibe las críticas airadas de la oposición (algo que se presupone) sino también de su principal aliado, Compromís. Pocas veces la coalicación que lidera Mónica Oltra coincide con los populares, pero la política hace a menudo extraños compañeros de viaje. Así, Compromís ha venido a secundar la iniciativa del PP de hace unos días de solicitar vía proposión no de ley una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para dar una solución al maltrato financiero. Ayer registró una iniciativa similar, mientras que su síndic, Fran Ferri, dejó claro que hay que insistir en la demanda y sumar a todo el Consell, incluido a Puig, en esa reclamación.
Compromís siempre ha izado la bandera de la financiación pero su tono crítico se ha acentuado esta semanas, un cambio que no es ajeno al clima electoral que se respira. La coalición incurre en una paradoja intrínseca, la que supone plantar cara al partido con el que el que gobierna, al tiempo que le conduce a una pinza incómoda con la derecha. Del mismo modo, las posibles elecciones ponen difícil al PSPV mirarse en el espejo y reconocerse en él, lo mismo que al Ximo Puig que acuñó el concepto del problema valenciano y que, en tiempos de Mariano Rajoy, llevó al Gobierno central a los tribunales y organizó una sonada manifestación.
También los partidos del centroderecha han visto en este asunto el filón para empezar con fuerza su papel de oposición. El PP fue el primero en disparar a nivel nacional con su propuesta para activar el debate en el Senado y, en el ámbito autonómico, con la petición de un pleno extraordinario para que Puig diera explicaciones. Registró después su petición de convocatoria del CPFF y ayer solicitó por escrito una cita con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, así como la reactivación en las Corts de la comisión Corts-Consell sobre financiación, inactiva desde hace un año. Ciudadanos, algo más tardío en reaccionar, arrancó el lunes con una propuesta para reprobar a Montero, mientras Vox permanece callado ante un debate de difícil encaje en su ideario recentralizador en una España sin autonomías.
Podemos, por su parte, usó el problema de la financiación para justificar un gobierno de coalición. En opinión de su síndica, Naiara Davó, solo con un pacto entre socialistas y morados podrá solucionar el problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Este acuerdo permitiría desbloquear las entregas a cuenta y evitar los recortes.
