Ser senador del grupo socialista no le impide ser crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez tras saber que el Ministerio del Interior ha denegado el asilo a un joven llegado en el Aquarius. Por eso, Javier de Lucas no se esconde, y mientras el Gobierno guarda silencio sobre porqué rescató un barco solidario con 629 migrantes a la deriva para, poco más de un año después, negar la protección al menos a un joven de los 317 que solicitaron asilo en España, el también catedrático de Filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, insta al Gobierno a reconsiderar los expedientes de estos migrantes llegados en circunstancias excepcionales. «Se puede hacer y se debe hacer», recalca De Lucas.
«Hay personas que vinieron en el Aquarius y no reúnen las condiciones que la Convención Internacional de Ginebra establece para saber quién es una persona refugiada y garantizar el asilo. Pero creo que hay otras posibilidades de protección que no están prohibidas por nuestra ley de asilo y refugio vigente, aunque carezca de reglamento. La ley permite la protección subsidiaria a personas que no tengan esos requisitos. Hay elementos suficientes para pensar que la devolución al país de origen pone en riesgo su vida y hay razones para poder otorgarle alguno de los elementos de protección previstos», explica Javier de Lucas sobre la denegación del asilo a Mohamed Mustapha Mohamed Ali, un joven de 20 años del Chad que ha quedado en situación irregular y de vulnerabilidad extrema al ser denegada la solicitud de asilo que efectuó dos días después de desembarcar en València a bordo del Aquarius.
Tres posibilidades
El senador socialista apunta también a una tercera posibilidad, que es « la protección internacional de acogimiento por razones humanitarias excepcionales. Así, la mayor parte de los migrantes del Aquarius que siguen pendientes de la resolución del ministerio podrían obtener la protección por estas dos últimas vías. El que cumpla los requisitos para ser refugiado tendrá esa condición, pero para los que quedan, el Gobierno puede hacer una interpretación como la que pide CEAR [la Comisión Española de Ayuda al Refugiado] y a la que yo me sumo, sin forzar la situación y sin que sea un coste inasumible en términos de sembrar un precedente. No hay fraude en la solicitud de asilo y si lo hay es mínimo y aquí no se puede actuar sobre el principio de evitar ese fraude, aquí hay que actuar sobre el principio de acoger a quien tiene necesidad. Todo el que ha estado en Libia tiene derecho a protección, aunque no obtenga el estatus de refugiado».
Desde su posición de senador, De Lucas pide un cambio al Ejecutivo. «El Gobierno se guía por la defensa de los derechos humanos y puede distinguir. Y seguro que hay casos que no reúnen las condiciones para el estatus de refugiado, pero caben otras dos posibilidades de protección y creo que deberían contemplarse», concluye.
