Fue solo una videoconferencia pero lo fue al más alto nivel. Es la forma en la que el Ministerio de Interior ha retomado con la Conselleria de Sanidad el peliguado fleco de la transferencia de la sanidad penitenciaria, pendiente desde hace más de quince años y que solo se ha completado en Cataluña y País Vasco.
La reunión con la consellera Ana Barceló de la pasada semana deparó pocos avances, aunque fue el primer movimiento en muchos meses. En ella la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se comprometió a facilitar los datos de personal y recursos económicos para que la Conselleria de Sanidad pueda iniciar un estudio más a fondo sobre cuánto costaría asumir el trabajo que se hace en las cárceles valencianas y que lleva pendiente de revertir desde la promulgación de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Una vez se cruzan los muros de la cárcel, los reclusos dejan de estar monitorizados por el sistema valenciano de salud, al menos en lo que a Atención Primaria se refiere. El Ministerio de Interior dispone en la Comunitat Valenciana de 35 médicos, 62 profesionales de Enfermería y 63 auxiliares para una población reclusa de más de 6.000 personas repartida en cinco centros, según sus propios datos.
Son estos profesionales los que resuelven los problemas de salud de los internos que, además, no son pocos ya que la población reclusa tiene unos altos porcentajes de problemas crónicos y de enfermedades de largo tratamiento como VIH o incluso problemas psiquiátricos. Cuando los reclusos tienen que recibir la visita del especialista, sin embargo, las visitas se programan para los hospitales con los que hay acuerdo, como el Hospital General de Valencia en el caso de Picassent.
«Agujero negro» sanitario
Los problemas derivan de que unos y otros profesionales no están interconectados y ni siquiera el historial médico de los reclusos es accesible desde un lado al otro y viceversa generando todo tipo de problemas de seguimiento, pero también de diagnóstico o tratamiento, según se han venido quejando tanto facultativos de Interior como sindicatos de prisiones como UGT que llegó a calificar de «agujero negro dentro de la sanidad» la atención que recibían los reclusos.
De esta forma, cuando un facultativo de Prisiones debe valorar a un interno recién llegado no puede consultar su historial clínico completo «y puede que venga con patologías graves.
Hasta que se descubre qué medicación toma pueden pasar días y eso supone suspender tratamientos importantes como psicofármacos o anticoagulantes», según el facultativo de un centro penitenciario valenciano.
Interior ha retomado estos contactos con la Conselleria de Sandiad y también con Cantabria en lo que parece un nuevo intento por desbloquear el problema que hace dos años se enquistó cuando Instituciones Penitenciarias apostó por fomentar su programa informático propio (OMI) en vez de «remar» a favor de sumarse al Abucasis que utiliza la sanidad valenciana en la Atención Primaria, además en plena crisis por el tratamiento a los reclusos con Hepatitis C, entorpecido por esta dualidad. La apuesta propia del Ministerio de Interior se interpretó como una complicación más a un proceso ya de por sí estancado y «contaminado» por los retrasos en el pago por la asistencia sanitaria recibida en hospitales públicos.
Tímidos avances de conexión
La situación de desconexión total se ha paliado, sin embargo, en los últimos dos años ya que a raíz de la «crisis» que supuso la atención de la población reclusa cuando se universalizaron los últimos tratamientos curativos de Hepatitis C, la Conselleria de Sanidad peleó por introducir los primeros cambios. De esta forma, los facultativos de Prisiones sí pueden ahora consultar de forma remota la información médica de los reclusos recogida en el Orion (que recoge los datos hospitalarios) y en la base de pruebas de labotario lo que «ha mejorado y mucho» el trabajo con los internos.
La consulta del Abucasis (datos de Atención Primaria) y del historial clínico completo está aún por llegar y el acceso desde Prisiones es unívoco: los médicos no pueden volcar los datos de los tratamientos y seguimiento uqe hacen con los reclusos. La solución para «informar» a los especialistas sigue siendo -como hace años hacían todos los pacientes- llegar al médico con la carpeta de documentos bajo el brazo.
