Asistían a empresas en situación de insolvencia y no recibían ninguna remuneración por su trabajo. Pero el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que ultima la Generalitat incluirá por primera vez a las personas jurídicas como posibles beneficiarias del turno de oficio si cumplen los requisitos.
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha incluido en el borrador del reglamento el derecho de los abogados de oficio a cobrar por aquellos procedimientos en los que representen a empresas en situación de insolvencia. Se trata de una reivindicación del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), el órgano que aglutina a los ocho colegios de la Comunitat, que la consellera Gabriela Bravo finalmente ha incluido en el documento.
No obstante, fuentes de la conselleria matizaron ayer a este periódico que se trata de una propuesta y que ahora tendrán que emitir sus correspondientes informes la Conselleria de Hacienda, la Abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Según explicaron ayer desde los colegios consultados, los abogados del turno de oficio han asumido en los últimos años muchos asuntos relacionados con compañías, sobre todo después de que la última reforma del Código Penal recogiera la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Sin embargo, al no estar incluidas las empresas como beneficiarias en el reglamento de la asistencia gratuita, los abogados no podían renunciar al caso y se quedaban sin cobrar si la persona jurídica se declaraba en quiebra.
Esta es una de las novedades del nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Generalitat. Pero el proyecto de decreto que se está tramitando aumenta las cuantías de varios de los módulos y las bases de compensación.
Según consta en el borrador, al que ha tenido acceso este diario, los importes de los módulos del proyecto están por encima de las cuantías y modelos que se abonan por otras comunidades autónomas y por el Estado, respecto de los territorios en los que las competencias no está trasferido.
A víctimas de violencia de género
Además, en el decreto se incluyen nuevos módulos para atender a personas especialmente vulnerables. Así, los abogados de oficio podrán ofrecer por primera vez una asistencia ordinaria a víctimas de la violencia de género, menores, extranjeros y con diversidad funcional.
Los macroprocedimientos en los que concurra especial complejidad, duración o dificultad también sufren una variación. El borrador prevé hasta 5.000 euros más el módulo correspondiente al proceso judicial de que se trate.
La propuesta de Gabriela Bravo ha sido bien recibida por los colegios de abogados, aunque han planteado una serie de cambios. Entre las sugerencias destaca que se abone el servicio que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), una labor que se desarrolla «en defensa de los intereses de la ciudadanía».
