¿Existe ya un consenso en el Consell para implantar el requisito lingüístico?
La ley prácticamente está ya. Espero que haya consenso suficiente para que salga adelante y ya en sede parlamentaria pueda mejorarse. Es una ley imprescindible para la modernización de una administración en la que creo que el valenciano ni es un obstáculo ni un elemento de confrontación. Me entristece mucho que las fuerzas políticas utilicen el valenciano para intereses partidistas, para confrontar a la ciudadanía. Es una irresponsabilidad. Una comunidad que tiene dos lenguas es más rica, más diversa y espero implementar esa capacitación con absoluta normalidad. Hay que garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración, con la lengua que desee, valenciano o castellano, y, por tanto, los empleados públicos deben tener formación en ambas lenguas. A veces este debate es hasta absurdo. Cuando ves territorios gobernados por el PP, como Galicia, que lo tienen implementado sin problemas.
¿Cómo se implantará?
De forma que no ocasione ningún tipo de trauma para nadie. Está todo dicho por el Tribunal Constitucional: la exigencia del nivel de capacitación tiene que estar proporcionada a las funciones del puesto. Es necesario un reglamento que haga ese análisis.
¿Alguna autocrítica sobre cómo el Consell ha gestionado este asunto?
Podríamos haberlo gestionado mejor. Haber trasladado una imagen interna más cohesionada, pero lo importante es que el anteproyecto pasó por el Consell y ahora se han incorporado modificaciones del Jurídic. Espero que no genere ninguna polémica y mandemos la ley a las Corts antes de finalizar el año.
