En la Comunitat Valenciana, unas 342.000 personas, 25.000 más que el año anterior, reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no estar bajo el umbral de pobreza. Esto supone el 34,7 % de todas las pensiones y, si se consideran sólo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 42 %, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Para el año 2018, el umbral de pobreza se fija en 634 euros mensuales por 14 pagas. Todas las personas que viven en hogares con una renta por unidad de consumo inferior a esa cifra se consideran pobres. Además, para el 7,9 % del total, el importe de la pensión es inferior al umbral de pobreza severa ( para 2018 en España, se fija en 317 euros mensuales por 14 pagas).

La presidenta de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández Rodríguez, ha instado al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana al cumplimiento del compromiso europeo establecido en la Estrategia 2020. «Para que España cumpla con los compromisos con la Unión Europea establecidos en la Estrategia Europa 2020, se requeriría una reducción de la población en riesgo de pobreza y exclusión de cerca de 3 millones de personas antes del año 2020. Para alcanzar esta meta, se debería haber realizado una fuerte inversión social, dirigida a erradicar la pobreza de manera eficaz e integral, para lo cual debería haberse contar con una dotación presupuestaria que a día de hoy resulta insuficiente, así como con un amplio y firme compromiso politico que no ha existido», explicó.

En esta línea, apuntaó que en esta década se ha visto que el crecimiento del PIB y del empleo «son importantes pero no suficientes, hay otras cuestiones que influyen en la reducción de la pobreza como son la redistribución de la riqueza, las políticas de empleo inclusivo, el reparto más igualitario de la recuperación tanto en términos de sexo como de territorios y una fiscalidad justa que haga factible la inversión social equitativa».