La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a condenar a la Generalitat por «inactividad» en la urbanización de la «ciudad ideal» de Sociópolis, ubicada en el barrio de la Torre. La sentencia, dictada a finales de junio, revoca la decisión del Juzgado de lo contencioso-administrativo 9 de València que daba la razón a la Generalitat y rechazaba las pretensiones de la promotora, que recurrió ante el TSJCV y que ha logrado tras el recurso un fallo a su favor.
El nuevo fallo se une a la sentencia del pasado 5 de abril, en la que los mismos magistrados de la sección primera establecen la «obligación de la administración a adoptar las medidas necesarias para que se concluyan las obras de urbanización» del nuevo barrio para evitar perjuicios a las promotoras que construyeron edificios y a los nuevos vecinos de este nuevo barrio en la pedanía de la Torre de València.
Los anteriores responsables de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio aseguraban no entender a qué se debía el fallo judicial de abril ya que, defendían, la ejecución de Sociópolis estaba finalizada. Sin embargo, en la última sentencia dictada por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, el magistrado y ponente del fallo, Carlos Altarriba, realiza varias «precisiones fácticas». Además de repasar los antecedentes urbanísticos del proyecto, la sentencia refleja que «las obras de urbanización están ejecutadas y recibidas por el Ayuntamiento de València en lo que se refiere a las fases uno y dos del proyecto citado».
El agente urbanizador de Sociópolis [inicialmente el Ivvsa (Instituto valenciano de vivienda), después el Eige (Entidad de infraestructuras de la Generalitat) y ahora la EVha (Entitat valenciana d'habitatge i sòl)] «presentó en 2015 un proyecto de urbanización para finalizar las obras en el ámbito del plan especial de la Torre». Unas obras que contemplan «la terminación de la cuarta fase, con un coste estimado de 2,5 millones de euros y también la terminación de la fase quinta, con un coste estimado de tres millones de euros» que incluye «el soterramiento del doble circuito aéreo de alta tensión propiedad de la red eléctrica española que atraviesa el sector».
La promotora que ha logrado ganar el nuevo contencioso, Proara Mediterránea SA, defendida por el letrado Jorge Anglada, únicamente solicitaba que se condenara a la Generalitat por inactividad, sin reclamar responsabilidad patrimonial, ya que «ha ejecutado y materializado el aprovechamiento [urbanístico] e incluso ha obtenido licencia de primera ocupación para las viviendas que ha construido, pudiendo, al parecer, proceder a su comercialización». De hecho la ley contencioso administrativa, recoge el fallo, «prevé un recurso contra la inactividad de la administración, que tiene precedentes en otros ordenamientos europeos, y que se dirige a obtener de la administración, mediante la sentencia de condena, una prestación material». Se trata, apunta el magistrado Carlos Altarriba, «de un instrumento jurídico al ciudadano para combatir la pasividad y las dilaciones administrativas» en «prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopción».
Finalmente, los magistrados de la sección primera corrigen al Juzgado de lo contencioso-administrativo 9 y deciden estimar el recurso contencioso-administrativo «planteado contra la inactividad de la administración en relación con la terminación de las obras de urbanización del sector la Torre/Sociópolis de Valencia».
