El juzgado de Instrucción 4 de València ha imputado -ahora, investigado- al director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, y al consejero delegado de Comunicació dels Ports SA, Francesc Puig, hermano del presidente Ximo Puig, tras una querella presentada por el PP. La investigación trata de esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de diversas subvenciones públicas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación.
Según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el juzgado toma esta decisión tras un auto de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que fija la competencia del juzgado que deberá investigar estos hechos antes de plantearse una posible inhibición. La querella presentada por el PP apunta directamente a Puig por su condición de jefe del Consell, pero el alto tribunal no ha abierto diligencias de investigación contra el líder de los socialistas valencianos a la espera de que la instrucción avance. Trenzano y Francesc Puig deberán comparecer en la Ciudad de la Justicia de València el 10 de diciembre a partir de las 9.30 horas.
Según consta en la querella presentada por el PP, los medios de comunicación vinculados al hermano del presidente de la Generalitat han obtenido, desde el año 2015 hasta la actualidad, entre otras subvenciones, ayudas económicas para el fomento del valenciano, tanto por parte de la Generalitat como por parte de los gobiernos de Cataluña y Aragón, y todas ellas por los mismos conceptos. En total, la ayuda económica otorgada a favor de Comunicació dels Ports SA para el fomento del valenciano por parte de la Generalitat en el año 2015 fue de 56.826 euros. En 2016 la cifra ascendió a 83.139 euros; en 2017 86.045 euros; mientras que en 2018 la cifra se redujo a 54.118,96 euros.
La querella sostiene que la Generalitat presuntamente benefició a la empresa de Francesc Puig al manipular los datos de audiencia que justifican las subvenciones. Así, afirma el PPCV en su escrito, «atendiendo, a modo de ejemplo, a la solicitud de subvención del año 2016, en ella se manifiesta que la audiencia estimada de la televisión es de 35.000 espectadores, lo que influye directamente en el otorgamiento de una subvención de 17.361,17 euros por ese concepto».
Mientras, la empresa Comunicacions del Ports SA, de la que Francisco Puig es consejero delegado, aseguró que defenderá «la legalidad de las ayudas» públicas al tiempo que «perseguirá en todas las instancias y en los distintos órdenes las acciones difamatorias o denuncias falsas efectuadas por el PP».
La sociedad afirma que concurrió a las subvenciones «aportando toda la documentación preceptiva y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa de la Conselleria de Educación». Destacó que hasta la fecha «no solo no se ha podido demostrar ni acreditar mínimamente ninguna de las afirmaciones difamatorias vertidas a esta empresa», sino que la entidad «ha sido comprobada y fiscalizada hasta en tres ocasiones sin la más mínima salvedad».
El PP pide explicaciones
Las reacciones a esta información no se hicieron esperar. Ayer, Toni Cantó (Cs) definió a la familia Puig como los «Berlusconi de Morella». Desde el PP, la diputada Eva Ortiz instó a Puig a dar explicaciones por estos hechos, mientras que el portavoz de Compromís, Fran Ferri, pidió tiempo para que los imputados expliquen los expedientes en el juzgado.
