El desbarajuste contable entre las dos sociedades que componen la compleja arquitectura de la radiotelevisión pública valenciana le ha costado a los órganos de dirección de À Punt un nuevo varapalo de la Sindicatura de Comptes. La última auditoría financiera del ente fiscalizador detecta «deficiencias significativas» en los balances y en las contrataciones correspondientes a 2018 y advierte de que tanto el consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) como la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) incumplen la propia ley autonómica que dio pie a su creación.
La Sindicatura va un paso más allá y concluye que, en virtud de esa normativa, los miembros del consejo rector de À Punt podrían haber sido cesados como consecuencia de los bajos ingresos publicitarios obtenidos por la cadena en dicho año: de los 4 millones previstos se recaudaron 816.352 euros, un importe muy por debajo del mínimo establecido.
Desde la CVMC alegan que los bajos ingresos publicitarios en 2018 respondieron al retraso de 6 meses en el inicio de las emisiones respecto a la previsión inicial, a tiempo que admiten que las proyecciones de ingreso fueron «demasiado optimistas».
La auditoría ve insuficiente y confusa la información facilitada por À Punt y señala como «inadecuada» la manera de contabilizar las compras y ventas de existencias de la CVMC a la SAMC. Como vía de solución a los problemas, la Sindicatura recomienda poner fin a la actual estructura bicéfala y valora la fusión de las dos sociedades en una entidad con un única contabilidad consolidada. Así se hubieran mitigado los 22 millones en los que la SAMC excedió su presupuesto para operaciones corrientes en 2018. En las alegaciones a los informes, los órganos de dirección de À Punt piden que los presupuestos de los dos entes públicos no se considerare de forma separada porque, de lo contrario, los balances arrojan unos ingresos no previstos de la CVMC y unos gastos superiores en la SAMC. Defienden, además, que la situación se ha enmendado en 2019 mediante una modificación presupuestaria pendiente de formalización. Pero la Sindicatura no comparte esa opinión y mantiene la existencia de deficiencias, cuestionando el equilibrio de las cuentas y recordando que, a 31 de diciembre, la SAMC estaba «en causa de disolución».
La auditoría también incide que la CVMC pagó anticipos de 7,64 millones de euros a empresas adjudicatarias de contratos «sin requerirles las garantías oportunas» y que no contabilizó en el pasivo del balance los 9,98 millones de euros correspondientes al reintegro reclamado por la Generalitat a raíz de las transferencias dirigidas a À Punt y no destinadas de forma efectiva a su finalidad prevista. Un situación que «podría haberse detectado y corregido» con «un seguimiento adecuado de la ejecución presupuestaria y del contrato programa». Los informes cuestionan la incorporación sin concurso de un directivo y la falta de controles en los procesos de contratación.
