El espaldarazo definitivo que el Tribunal Constitucional dio hace unas semanas a la ley de Mancomunidades de la Generalitat, aprobada por las Corts en 2018 y recurrida por 50 diputados del PP a petición de la Diputación de Alicante, ha dejado el camino libre al Consell para aplicar con todas sus consecuencias esta nueva normativa, basada en la creación y regulación de estos organismos de ámbito comarcal. Aunque la corporación provincial alicantina ha insistido en aplazar su aplicación pese al revés judicial. A finales del pasado septiembre, el alto tribunal le dio un varapalo tanto al PP como a la Diputación de Alicante al entender que la ley de Mancomunidades no vulnera la autonomía provincial al no excluir la colaboración con otros entes de carácter local.
Solventado de forma definitiva este freno, el siguiente paso adoptado por el Botànic ha sido dotar con financiación suficiente la implantación de este nuevo texto legal, mejorando ampliamente su financiación con una partida incluida en los presupuestos de la Generalitat para 2020. El proyecto de cuentas autonómicas aprobado por el Consell el 31 de octubre y que estos días se está debatiendo en Les Corts Valencianes para que se sea ratificado antes de fin de año y se pueda aplicar desde el 1 de enero, incorpora un millón de euros para las mancomunidades con el objetivo de impulsar el asociacionismo municipal a través de esos organismos. Ese millón de euros supone un incremento del 67 % de los fondos destinados a las mancomunidades, con el objetivo de hacer más fácil la adaptación a la nueva ley. Una norma que, al parecer de la diputación alicantina, es un intento de minar esas instituciones provinciales. Esconde, en cualquier caso, un pulso político de calado en tanto que esa corporación es la principal institución que quedó en manos del PP tras los comicios municipales del pasado mayo.
En opinión del director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, «es evidente que este nuevo presupuesto sirve para impulsar la ley de Mancomunidades», sobre todo después de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, que «ha limpiado el camino -aseguró Such- para poder aplicar la totalidad de la ley». El alto cargo de la Generalitat explicó que, en la actualidad, su departamento está preparando la orden de las bases reguladoras para que las mancomunidades, especialmente aquellas de ámbito comarcal, «puedan recibir fondos para desarrollar una mayor delegación de competencias». Y en este caso, Such comentó que estas organizaciones supramunicipales podrán desplegar actividades «de todo tipo, ya sean sociales, culturales o de promoción económica».
Otras partidas
El incremento de la dotación económica para «fomento y mantenimiento del asociacionismo local», que ya estaba recogida en el presupuesto para 2019, pasa de 600.000 euros un millón, al que se añaden otras partidas de ayudas a entidades locales. Este impulso económico al desarrollo de las mancomunidades, según Antoni Such, no debe contar con el rechazo de la Diputación de Alicante. «No creo que se oponga a una línea de ayudas en beneficio de la ciudadanía», dejó caer el dirigente socialista en un recado directo para Carlos Mazón. El director general de Administración Local apuntó, sobre otra cuestión clave de su área, que el «marco legal» para que Fondo de Cooperación Municipal se convierta en ley «está en fase avanzada de redacción y pronto se someterá a exposición pública para que los ayuntamientos y diputaciones puedan expresar su opinión».
