Tanto la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, como la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, pusieron ayer el foco en el trabajo institucional en la lucha contra la violencia machista. Oltra aseguró ayer que la violencia machista «no es una lacra ni es inevitable, es un grave problema social que hay que combatir desde las administraciones y con la complicidad de toda la sociedad» durante su participación en la inauguración de la Mesa Género e Igualdad organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Bravo fue la encargada de clausurar la jornada y destacó por su parte la importancia del sistema judicial en la cobertura a las víctimas.
La vicepresidenta inició su intervención con algunas medidas que se han tomado «desde el Govern del Botànic» como la incorporación de las hijas e hijos como víctimas de violencia machista de «forma íntegra», tanto cuando son desposeídas de su madre o cuando han sido ellas y ellos las víctimas. El Gobierno valenciano ha equiparado las indemnizaciones a las del terrorismo pasando de los 6.000 a los 75.000 euros, y se han ampliado los supuestos contemplando no solo la muerte como causa de indemnización, sino también la gran invalidez o una incapacidad absoluta. Además, se contempla como víctima el hijo, la hija, un familiar directo o una persona que intente evitar una agresión machista.
La vicepresidenta hizo hincapié en la necesidad de cambiar el paradigma de descargar en la víctima «la responsabilidad de la lucha y de la culpa», y en esta línea se refirió a las campañas impulsadas desde la Generalitat en los últimos años «como un cambio radical en el planteamiento del problema, sacando el foco de la víctima y poniéndolo en el agresor y en una sociedad que ha cambiado, que ha evolucionado y sabe que somos responsables colectivamente».
«La última trinchera»
Bravo defendió por su parte que el sistema judicial y policial «no puede fallar» porque son «la última trinchera» para las víctimas del terrorismo machista. La titular de Justicia e Interior del Gobierno valenciano aseguró que, de media, las mujeres que sufren maltrato en la Comunitat Valenciana tardan «siete años y cuatro meses en denunciar su situación y pedir ayuda» por lo que el sistema judicial y policial «no puede fallar porque es la última trinchera» para ellas y sus hijos. La jornada que se celebró gracias a la iniciativa de la FVEA se centró en las víctimas y versó sobre su tratamiento en el sistema judicial y en los medios de comunicación desde la perspectiva de la dignidad personal.
También habló de su protección ante un sistema judicial, legislativo y político ajeno a la perspectiva de género y la respuesta jurídica y social ante los falsos estereotipos que rodean al terrorismo machista. Bravo advirtió de que cuando entra el juego el papel judicial o policial, «es que lo demás ha fallado».
