La comisión de Hacienda de las Corts quedó ayer suspendida pasadas las dos de la tarde después de que los partidos del Botànic evidenciaran en público su desacuerdo en una de las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2020, la de la bonificación al impuesto de sucesiones a la empresa familiar, una promesa electoral del presidente del Consell, Ximo Puig.

La izquierda estiró tanto la negociación que un receso que iba a ocupar 15 minutos superó los 45 y cerca ya de las dos de la tarde, la oposición (PP, Cs y Vox) decidió que ya no esperaba más y dio por acabada la reunión. Un plantón que se producía justo cuando los representantes de los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) regresaban de nuevo a la sala de comisiones con un acuerdo que solo faltaba votar. Aunque existía la posibilidad de retomar la sesión, porque había suficientes diputados presentes, finalmente se decidió aplazarla hasta el lunes.

De ese forma, aunque sea de forma momentánea queda también aplazado el proceso de tramitación de los presupuestos del Consell que tanto costaron de aprobar el pasado 31 de octubre con una tensa negociación en el pleno del gobierno valenciano. Finalmente, el Botànic acuerda bonificar al 99% el impuesto cuando se trate de negocios que pasan de padres a hijos en el ámbito agrícola y para empresarios individuales y profesionales. Pero la bonificación no se practicará a todas las empresas como pretendía Puig. Tanto para Compromís como en el caso de Unides Podem evitar la bonificación del impuesto a las grandes empresas era una línea roja, por lo que ganan el pulso abierto en el seno del Botànic. Fuentes de Podemos insistían en que la fiscalidad tiene que ser progresiva y que se puede bonificar a pequeñas empresas, pero no a las que facturan más de diez millones de euros, que ya tienen su bonificación y solo pagan el 4%. Pero había temor porque Cs presentaba una enmienda que podía seducir al PSPV. De hecho, los socialistas habían planteado durante los últimos días la posibilidad de alcanzar acuerdos con los partidos de la derecha, aunque esto no se ha producido.

También se sale con la suya Compromís, que ve como se eleva del 1,9 al 2% el impuesto de actos jurídicos documentados que ahora pagan los bancos por formalizar hipotecas. En la coalición valencianista señalaban que no tenía sentido mantenerlo en el 1,9% cuando la mayoría de autonomías, Cantabría en los últimos días sin ir más lejos, lo situaban en el 2%, lo que permitirá a la Generalitat recaudar unos 32 millones. El porcentaje ha ido dando saltos en la negociación. Primero era del 2%, después pasó al 1,7 y al 1,9, para acabar de nuevo en el 2%

La derecha ve falta de respeto

Respecto al receso de 45 minutos, en el Botànic quitaban importancia y aseguraban que han tenido encuentros más tensos que el de ayer. E incluso sostienen que se pudo votar sin problemas y que recesos de este tipo deben tratarse desde la normalidad porque ya no existen las mayorías absolutas y los partidos debaten y acuerdan.

Sin embargo, los diputados populares, de Ciudadanos y Vox abandonaron la comisión con críticas al rodillo y a la falta de respeto de la izquierda que cambiaba enmiendas sobre la marcha. Desde el PP aseguran que no es reglamentario modificar enmiendas en el último momento, ni se pueden transaccionar porque se habían presentado de forma conjunta.

La síndica adjunta de los populares, Eva Ortiz, llamó por teléfono a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para anunciarle lo que ocurría y decidir que abandonaban la comisión, lo que recibió el visto bueno de Bonig. En el PP aseguran que nunca se ha vivido una situación así con los partidos del gobierno revisando sus enmiendas.