El cuerpo de Interventores de la Generalitat sufre el mal de la falta de miembros. El personal que lo conforma está adscrito orgánicamente a la Conselleria de Hacienda, aunque tiene plena independencia. Su función es el control de todos los actos de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, «que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y de la recaudación, inversión o aplicación en general de sus caudales, con el fin de asegurar que la administración de su hacienda se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso». Se trata de una tarea ingente habida cuenta de que apenas hay medio centenar de puestos de trabajo adscritos al cuerpo para controlar un presupuesto que supera los 23.000 millones sin contar el sector público.
La plantilla es escasa sobre todo si se compara con la que cuentan otras comunidades autónomas como la catalana, la madrileña o la andaluza. Así, por ejemplo, en Cataluña la unidad de la Intervención de la Generalitat cuenta con cerca de noventa plazas, destinadas a interventores, técnicos de control financiero, administrativos, etc. En el caso de la Junta de Andalucía, un ejército de cien personas están destinados a supervisar que los fondos públicos se gastan convenientemente.
La falta de personal tiene consecuencias evidentes para la Generalitat Valenciana ya que el alcance de su órgano de control interno es limitado. Faltan manos, admiten altos cargos conocedores. De hecho, la Intervención tiene que recurrir a auditorías privadas para la fiscalización de los gastos en el sector público ya que carece de medios para hacerlo directamente.
