Las plantas de tratamiento de residuos deberán tener antes del 1 de junio de 2020 un sistema de circuito cerrado para reprocesar los materiales que inicialmente no fueran considerados como valorizados. El objetivo no es otro que el de recuperarlos de forma completa en uno o varios ciclos de reciclado «tendiendo a una maximización de la efectividad de la clasificación de envases sobre el total de materiales recuperables de entrada».

La medida se enmarca dentro del compromiso que recoge el PIRCV de acabar con la quema de basuras en todo el ámbito de la Comunitat Valenciana. Si a 31 de diciembre de 2020 solo puede llegar a vertedero un 35 % de rechazo, para 2022 se acota en un 30 %, ya que además en el plan autonómico de residuos no se contempla el desarrollo de instalaciones de incineración. Fue una de las alegaciones que presentaron los colectivos ecologistas y que fue incorporada en el documento final. Las instalaciones, como ya adelantó Levante-EMV hace meses, deberán contar con sistemas de videovigilancia interior y exterior a las que se conecten las administraciones públicas consorciadas con información en tiempo real.

El nuevo PIRCV ha establecido, desde el próximo uno de enero, «mecanismos de incentivos fiscales que potencien los envases de más de un uso entre los residuos domésticos». Se refiere a envases reutilizables, reciclables y fabricados con material reciclado.

Tres líneas de subvenciones

Para ello se ha incluido una primera partida en los presupuestos de 2020 de 150.000 euros destinada a tres líneas con subvenciones para las entidades locales, los agentes económicos y para los consorcios. En este último apartado con el establecimiento de ayudas económicas para el pago de costes adicionales al sobrerendimiento ambiental de las instalaciones

Con la entrada en 2020 se activará la implantación de otros sistemas adicionales y complementarios, «como la recogida puerta a puerta de diversas fracciones, así como el uso de materiales reciclados para la fabricación de bienes de consumo». Para ello, se contempla que las entidades locales puedan contar con la retribución económica, en servicio o equivalente, que figure en el convenio marco suscrito entre la Generalitat y los productores.