Los colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana llevan meses apretándose el cinturón, ya que las transferencias económicas que los 1.420 centros educativos reciben periódicamente de la Conselleria de Educación no llegan con la regularidad habitual desde hace meses.
La conselleria se ha visto obligada a echar el freno de mano y adeuda a los centros los pagos del último trimestre de 2019, correspondientes a los gastos de funcionamiento. Se trata de las cantidades económicas que, durante el curso, la Generalitat transfiere a los centros docentes públicos, para que estos puedan afrontar los costes del día a día, y cuya cuantía oscila en cada caso, dependiendo de características como el número de alumnado o la tipología de las instalaciones educativas.
Según explican fuentes del departamento de Vicent Marzà, los impagos se deben a las «dificultades» que sufre la Tesorería de la Generalitat, a causa de «los retrasos en la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)».
Esto, junto a la prórroga de los presupuestos estatales -por, entre otras cosas, las sucesivas citas electorales-, ha hecho que las arcas de la Generalitat no reciban los fondos suficientes para cubrir todas las necesidades, apuntan.
Por esto, actualmente se adeuda a todos los centros las cantidades correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Según aseguran desde la conselleria de Educación -en estrecha colaboración con la Conselleria de Hacienda-, ya se han realizado los trámites para que se abonen los pagos de octubre y noviembre «lo más rápido posible».
Algunos centros, además, tampoco han cobrado septiembre. Se trata de aquellos con mejores números en sus cuentas y que disponen de «ahorros» (fondos que la conselleria les ha transferido anteriormente y que no han gastado aún). «La conselleria no puede atender a todos los centros y, por tanto, priorizamos las transferencias a aquellos que tienen menos recursos», detallan.
A pesar de los pagos pendientes, desde la conselleria garantizan que «todos los centros educativos públicos, tanto IES como CEIP, disponen hoy en día de dinero suficiente para hacer frente a sus gastos de funcionamiento». «Educación conoce perfectamente el estado diario de la cuenta bancaria de cada centro público y las necesidades que tiene que afrontar», detallan.
No obstante, si en algún caso estos «ahorros» no fueran suficientes porque algún colegio o instituto tiene que afrontar algún gasto extraordinario por algún imprevisto, «siempre puede solicitar una transferencia urgente a la Dirección Territorial de Educación que le corresponda».
Gestión «más eficiente»
Según el departamento de Campanar, este control de las cuentas permite una gestión «más eficiente del dinero público en situaciones de infrafinanciación», ya que los recursos se redistribuyen «entre los centros que más lo necesitan».
La solución a esta situación pasa por los nuevos presupuestos estatales -que será una de las tareas que deberá abordar el nuevo Gobierno de España en el Congreso- y el abono de las transferencias pendientes por parte del Ejecutivo de Madrid. Cuando esto ocurra, la Conselleria de Educación pretende «ir regularizando la situación».
Estos pagos por parte de la administración valenciana a los centros públicos son habitualmente cuatrimestrales (se abonan durante ese periodo o cuando ha vencido). En los últimos años, incluso, han llegado a realizarse con cierta regularidad de forma mensual, para facilitar la gestión de los equipos directivos.
