La fase de investigación del caso Alquería, el procedimiento que acabó con la detención y posterior puesta en libertad provisional del alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez, afronta su recta final.
Según confirmaron ayer fuentes al caso a Levante-EMV, la Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto encargar más diligencias y presentará escrito de acusación contra Rodríguez y los directivos de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, por las presuntas contrataciones irregulares de cargos del PSPV y Compromís en la anterior legislatura.
Así, el juzgado dictará próximamente auto de procesamiento por el que dará fin a la fase de instrucción y propondrá continuar adelante con el caso tras confirmar durante los presuntos indicios de delito de malversación y prevaricación en la contratación del personal directivos, cuyo gasto se disparó a más de un millón de euros.
Una vez el magistrado-instructor dicte esta orden, Anticorrupción presentará sin tener en cuenta las diligencias que solicitó Rodríguez, como la declaración en calidad de testigos de diversos cargos públicos. ¿El motivo? El ministerio fiscal considera que no han aportado ningún hecho relevante o elemento que desmonte los informes que la Policía Nacional ha entregado en el juzgado.
Posibles nuevas declaraciones
No obstante, ante el inminente procesamiento, varios de los investigados podrían pedir volver a declarar en el juzgado para aclarar determinadas irregularidades que recogen los informes policiales, admitieron ayer fuentes de las defensas. Sin embargo, parece poco probable que el juez acepte los argumentos y archive las imputaciones.
El procesamiento le llegará a Jorge Rodríguez justo después de que su abogado, el exministro del Interior del PSOE Antonio Camacho, haya presentado en el juzgado un escrito por el que renuncia a seguir dirigiendo su defensa. Si se sigue el calendario previsto, el juicio del caso Alquería se celebrará entre finales de 2021 y principios de 2022, un año antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Rodríguez se apartó del PSPV tras alzarse el secreto de sumario del caso Alquería, justo antes de las elecciones municipales de 2019. Rodríguez volvió a presentarse a la alcaldía de Ontinyent, bajo la marca La Vall Ens Uneix, y su candidatura arrasó. Los socialistas, en cambio, no lograron ningún representante en el pleno municipal.
Según consta en el sumario, las contrataciones del personal directivo de Divalterra se habrían producido a pesar de las advertencias de los responsables jurídicos que habrían advertido de las ilegalidades de las contrataciones. Los autores de estos informes habrían recibido presiones, amenazas e insultos como en el consejo de administración del 15 de noviembre de 2016 en el que el auditor interno de Divalterra advirtió de unas supuestas irregularidades y fue «mandado callar por el presidente del consejo de administración» de Divalterra, Jorge Rodríguez, «diciéndole en varias ocasiones el jefe de gabinete del presidente de la diputación, Ricard Gallego, que era un hijo de puta».
El auditor, a la vista de lo que sucedía, abandonó la empresa en diciembre de 2017. Rodríguez siempre ha defendido su inocencia y ha mantenido que los hechos no tienen recorrido penal.
