Martina es una mujer de 37 años, su pareja acaba de golpearla después de años de vejaciones, insultos y humillaciones; él está detenido y la jueza de guardia de Violencia de Género de València, donde reside ella, acaba de dictar una orden de protección. Tiene tres hijos, uno de ellos en común con su agresor y la jueza ha fijado las medidas civiles y sociales sobre la vivienda, la custodia y el resto de sus derechos, pero, y ahora qué? Es cierto que necesita un abogado que la represente en el procedimiento judicial, que la guíe y la defienda, pero, ante todo, necesita respuestas inmediatas sobre cuestiones mucho más domésticas como qué va a pasar ahora con su día a día y con el minuto a minuto de la vida de sus hijos, alguien que le explique adónde recurrir para buscar ayuas sociales, económicas y, por encima de todo, que le enseñe a cambiar la piel de víctima por la de mujer, la que nunca debió perder. ¿A qué puerta llamar?

La respuesta, más allá de la cuestión judicial, está en la red de oficinas de ayuda a las víctimas del (OAVD) un entramado que hoy cuenta, en la Comunitat Valenciana, con 26 puntos de atención y 103 profesionales al servicio de cualquier persona que necesite asistencia después de haber sufrido un delito.

El de Martina es un caso ficticio, pero absolutamente cotidiano. Como ella, hubo 26.240 personas atendidas solo el año pasado en alguna de esas oficinas, que crecerán hasta las 37, una por partido judicial (salvo Requena-Utiel, que tendrá dos), al finalizar esta legislatura.

El cambio de modelo que ha puesto en marcha el Botànic, como una cuestión casi personal de su consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acaba de cumplir esta semana dos años. Es un antes y un después. El puesto heredado de los gobiernos del Partido Popular se quedaba en una red de 17 oficinas con una plantilla de 30 personas: 24 abogados y 6 administrativos. La gestión ni era pública (estaba en manos de una fundación, Favide, creada en 2004), ni era directa, y se limitaba al acompañamiento físico en la causa judicial de las escasas víctimas que llegaban a la red, 14.331 durante todo 2017, el último año de vigencia del anterior modelo.

El crecimiento aporta cifras incuestionables. El número de víctimas atendidas se incrementó en 48,6 % en el primer año, básicamente porque el sistema se dotó, además de con más abogados, con psicólogos y trabajadores sociales para dar contenido y sentido real al decreto que desarrollaba el derecho que asiste a cualquier persona que ha sido objeto de un delito, de cualquier delito, desde un robo a una estafa, pasando por una agresión sexual o un caso de malos tratos en el ámbito familiar.

Si incluimos los dos años de vigencia del actual sistema, el aumento del número de víctimas atendidas se dispara en un 83 %, hasta alcanzar las 72 personas atendidas al día. Una cada 20 minutos. Y la expectativa es crecer. Y mejorarlo para que sea una herramienta accesible a cualquier víctima.

Líderes indiscutibles

El esfuerzo económico realizado para implementar este modelo ha convertido la Comunitat Valenciana en abanderada absoluta en la atención integral a las víctimas de delitos. Así, la valenciana, con sus actuales 26 oficinas, lidera por completo el mapa estatal, con un tercio de las oficinas de toda España. Le siguen, con cifras irrisorias, las dos comunidades autónomas más grandes de todo el territorio nacional: Castilla y León con 10 oficinas y Andalucía con 9.

En Cataluña o Madrid, con 2,5 y 1,6 millones de habitantes más que la C. Valenciana, por ejemplo, cuentan 5 y 6 oficinas, respectivamente. Cuando la Generalitat concluya el mapa previsto, habrá 37 en la C. Valenciana frente a las 67 que suman las del resto de España.