El juzgado de Sagunt que ha instruido las diligencias derivadas de la Operación Flotador ha archivado la pieza principal del caso al no detectar indicios de delito en la adjudicación del servicio de agua potable de Sagunt.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la jueza concluye que "a pesar de existir indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del C.P., no existiendo parte acusadora pública pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ni popular, pues en ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en el mismo ninguna entidad, corporación, partido político, etc. esta instructora no puede continuar el curso del procedimiento y procede dictar el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su caso, en el art. 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
La decisión supone un alivio para el PP, pues con el archivo se descarta la imputación de uno de los diputados más cercanos a la actual dirección, Alfred Castelló, exalcalde de Sagunt y azote del Consell en asuntos de vivienda. Pese a la afirmación de la jueza, lo cierto es que muchos de los presuntos hechos delictivos que se investigaban estaban prescritos, incluidos los quen podrían ser atribuidos a Castelló.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el archivo porque, practicadas las diligencias que se han estimado necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no ha quedado suficientemente acreditado que los hechos sean constitutivos de infracción penal.
"Dado que las cuestiones sobre las que versan las supuestas irregularidades investigadas admiten diversas soluciones jurídicas, interpretando razonablemente la normativa correspondiente, resulta complicado que los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal, toda vez que la forma en la que se tramitó y adjudicó el expediente de contratación no supuso un quebrantamiento claro, evidente y palmario del ordenamiento jurídico, supuestos a los que debe reconducirse el delito de prevaricación administrativa", concluyó el ministerio fiscal. Para solicitar el archivo Anticorrupción se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS).
La investigación
Esta investigación estaba centrada en el proceso de selección de un socio privado para la constitución de una empresa de economía mixta para la gestión del servicio municipal del ciclo integral del agua de Sagunt. Para esclarecer todas estas posibles irregularidades, el juzgado encargó una serie de diligencias que no han dado ningún resultado. La jueza expone en su auto "el resultado negativo obtenido al tratar de acceder a las comunicaciones telemáticas, correos electrónicos que pudieron intercambiarse los investigados en la causa, al encontrarse dicha información en cintas magnéticas encriptadas".
Según el relato de los hechos que incluye la resolución, el Ayuntamiento de Sagunt quería "crear una empresa mixta que gestione el ciclo del agua urbana. Como concesión impone en el pliego al licitador de socio tecnológico y profesional en la nueva sociedad, un canon de 12 millones de euros, por la concesión a 25 años pagada anticipadamente". En una licitación marcada "por las prisas, valoración realizada por el perito y compartida en su integridad por esta instructora, desarrollada incumpliendo la norma y la politización de la mesa de contratación, falta de rigor en el examen de las proposiciones técnicas y, resultando adjudicataria Aguas de Valencia".
En un pleno celebrado en el mes de febrero de 2008, el Ayuntamiento renunció "a los 25 millones de tasa previstos, que se convertirá en nada" y acordó "la devolución del canon anticipado por el licitador en concepto de préstamo participativo a retribuir, además, con intereses".
Para el juzgado, "la creación de un pasivo inicial en la sociedad mixta de 12,5 millones de euros que ocasionan que esta sociedad nazca con graves tensiones patrimoniales y perdidas que repercutirán en la viabilidad de esta, no teniendo más salida que el incremento de las tarifas del agua a los vecinos de la ciudad".
Es, en este momento, dice la jueza, "en que se perjudican los recursos públicos municipales renunciando no solo al cobro de tasa alguna, sino devolviendo lo cobrado al reconvertirse de tasa a préstamo con los intereses correspondientes, unido todo ello al quebranto económico, reparable que supone para la ciudadanía del municipio de Sagunt el incremento tarifario del agua potable, siendo los mayores perjudicados los vecinos del municipio y a los que se les debe ofrecer una mayor garantía para la tutela de sus respectivos intereses". En cambio, al no impulsar el ministerio fiscal la acusación al considerar que la causa no reúne los indicios suficientes de delito, el juzgado ordena el archivo provisional.
