Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana fueron ayer muy críticas con la nueva Ley de la Función Pública aprobada por el Consell porque, a juicio de estas entidades, la norma «no asegura la competencia lingüística en todos los puestos de trabajo». Las dos asociaciones han acordado solicitar una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al considerar que «retrasar un año más y condicionar la competencia lingüística a un reglamento solo puede entenderse como una voluntad de postergar una medida que ya hace demasiados años que tendría que estar vigente». «Se trata de aplicar aquello que ya se ha acordado entre el PSPV, Compromís y Podem y que se aplica desde hace décadas en otras comunidades autónomas: el derecho de la ciudadanía a ser atendidos en la lengua oficial y propia», señalan en un comunicado. Acció y Escola reclaman que, casi 40 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, «no haya más dilaciones». Por su parte, CC OO PV censura los «obstáculos» al requisito lingüístico. El sindicato reclama avances en los derechos lingüísticos para que el pueblo valenciano «pueda vivir en plena libertad e igualdad lingüística», y pidió que la lengua valenciana «quede fuera de la confrontación política».
