El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Arcadi España acaba de proponer que «la ley de puertos del Estado establezca que aquellos que tienen beneficios, tengan la obligación de destinar un porcentaje de los mismos a inversiones sostenibles en su área de influencia». Serían recursos, ha añadido, que «se distribuirán en diálogo con los alcaldes y alcaldesas de su entorno». El conseller España ha protagonizado un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna Mediterránea en el que ha defendido que «los luertos, que son fundamentales para nuestro empleo, tienen que continuar avanzando hacia la sostenibilidad y mejorar la relación con su entorno».

Al respecto, se ha pronunciado el recién nombrado presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, exrector de la UJI de Castelló y hasta hace poco presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló. «Es algo que reclamo desde hace tiempo. Los puertos tienen que tener un programa de responsabilidad social, en el sentido amplio. No sólo es una responsabilidad económica. Se trata de que los puertos destinen una partida a revertir sobre el entorno una parte de sus beneficios, porque lo veo razonable y hay que arbitrar las formas por las que eso se puede hacer».

En el turno de preguntas se le ha interrogado sobre la posibilidad de una nueva declaración de impacto ambiental para la ampliación que proyecta el Puerto de València de sus instalaciones y el conseller de Política Territorial ha reiterado la postura del Consell: «Son los técnicos quienes han de decidir si hace falta una nueva declaración de impacto ambiental». Al tiempo que recordaba que existe «un consenso social respecto a que queremos que se cumplan la normativa ambiental y de movilidad». Al respecto también se la ha preguntado al nuevo presidente de Puertos del Estado quien considera «un acierto que se haya echado marcha atrás en el dragado y en la prolongación del dique de abrigo». Al tiempo que se mostraba convencido de que las «alegaciones enriqueceran el proyecto en la via de hacer un puerto sostenible económicamente, medioambientalmente y socialmente. Porque quien no las tenga tendrá un recorrido muy corto».

El titular de Política Territorial ha defendido también, al respecto, que «tenemos que comprender que no podremos salir de esta emergencia con los mismos modelos que nos han traído a ella. El futuro debe ser sostenible, y para ello es necesario un preciso un cambio global y personal de conciencia». Por ello ha reivindicado la necesidad de «un nuevo contrato social verde. Una nueva alianza entre administraciones, empresarios,

sindicatos y sociedad civil. Un nuevo contrato que recupere los equilibrios. Tenemos la responsabilidad de gestionar el presente, pero mirando al futuro. Debemos hacernos las preguntas adecuadas, y no parar hasta encontrar las respuestas necesarias». Al tiempo que reclamaba que «la transición ecológica es imprescindible e inevitable».