El PP ha iniciado un contencioso en el TSJ por vulneración de derechos fundamentales de la síndica adjunta, Eva Ortiz, que solicitó una petición de documentación que el Consell no le ha enviado. Pero fuentes del Ejecutivo apuntan que esa entrega de documentos aún está en plazo legal y creen que Ortiz ha patinado por su ansia en conseguir una condena al Consell.
El PP había solicitado copia de los informes «forensic» y de auditoria de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) desde 2015, petición que salió de las Corts el 23 de diciembre, mes en el que la cámara resolvió, como hace todos los años, que enero es inhábil para los plazos parlamentarios.
Además, como no tenía toda la documentación, la Conselleria de Hacienda, pidió una prórroga de 20 días. Sin embargo, ocho días antes de que se cumpliera el plazo inicial, el 13 de febrero, Ortiz ya había presentado en el TSJ un recurso por vulneración de su derecho fundamental a recibir información en el que denuncia obstruccionismo y oscurantismo del Consell. En apenas unos días, el TSJ ya ha trasladado a la presidencia de las Corts la demanda de la diputada, según ha sabido este diario.
Fuentes del Consell consideran una metedura de pata la actuación de la síndica adjunta del PP ya que ni a fecha de ayer se había cumplido aún el plazo y creen que ello obedece a la necesidad que tiene el PP de encontrar motivos con los que acusar al Botànic. El PP ha batido todos los récords en la historia de la cámara de peticiones de documentación y se da el caso que algunas requieren millones de folios como las presentadas por la caja fija de las universidades.
Ortiz dice que ya ha ganado distintos casos contra el ejecutivo de Puig y Oltra y alega que el documento ya había salido de las Corts, por lo que enero no cuenta. Denuncia una demora brutal por parte del Consell en todas las solicitudes porque tardan meses y se van acumulando debido a los obstáculos de las conselleries, por lo que el PP ha endurecido su posición.
