El combate contra el coronavirus ha llevado a una situación desconocida hasta ahora: el autogobierno valenciano ha de replegarse en todas sus competencias en favor del Ejecutivo estatal con el objetivo de reducir la curva de contagio del virus. Nunca desde la aprobación del Estatut d'Autonomia de 1982 se había dado un paso atrás global en el avance de las competencias autonómicas. El Covid 19 es el que lleva a partir de hoy (el decreto del estado de alarma promulgado la pasada noche por el Ejecutivo de Pedro Sánchez entró en vigor automáticamente) a una recentralización temporal ante una situación de emergencia española e internacional.
En esas circunstancias excepcionales, el Gobierno central ha considerado que necesita el máximo grado de unidad de acción. Eso significa que, a partir de ahora y durante 15 días prorrogables si el Congreso de los Diputados lo aprueba, la dirección de las medidas para el combate del coronavirus residirá en la Moncloa y los ministerios. La Generalitat participará en un nivel secundario, encargándose de la gestión de las decisiones adoptadas en Madrid. En todo caso, los criterios de los gobernantes valencianos serán tenidos en cuenta como principales conocedores de los recursos y del territorio. Es el mensaje que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha trasladado al jefe del Consell, Ximo Puig.
El máximo representante valenciano asume la decisión. Su postura es la de primar el pragmatismo sobre esencialismos identitarios. Será la actitud que mantendrá hoy, en la videoconferencia que Sánchez celebrará con todos los presidentes autonómicos, según aseguró anoche a Levante-EMV, después de la rueda de prensa del jefe del Ejecutivo español.
Puig pondrá el foco en que la Comunitat Valenciana tenga "la protección necesaria" para hacer frente a la epidemia. Por tanto, reclama que disponga de más recursos que el resto de territorios, ya que parte de una situación peor, deficitaria.
El líder socialista valenciano mantiene así una posición de lealtad total a Sánchez, a pesar de haber defendido reiteradamente la necesidad de avanzar en la descentralización política. Pero su posición en este momento es que la colaboración institucional debe anteponerse ante una situación excepcional, siempre que esta sea temporal. A la vista de las declaraciones de ayer tarde, otros líderes territoriales, como el catalán Quim Torra y el vasco Íñigo Urkullu, sí serán hoy beligerantes contra la tutela de las nacionalidades históricas decretada.
La situación es nueva. Desde 1982 la Comunitat Valenciana ha ido ganando competencias a las atribuidas en el Estatut. En la última reforma, validada en 2019, se garantiza el derecho a recibir recursos del Estado en función de su peso poblacional. En los 38 años de autonomía, las contenciones habían venido en el apartado financiero tras la última crisis económico, cuando el ministerio llegó a intervenir las cuentas valencianas en el mandato de Alberto Fabra, y por las sentencias del Tribunal Constitucional que restringieron la capacidad de las instituciones valencianas de legislar sobre derecho civil.
En los últimos años han surgido voces en favor de una recentralización desde la extrema derecha. El Covid 19 consigue ahora ese escenario. Temporalmente y por una circunstancia de emergencia.
