Una vez despejadas las posibles dudas, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un paquete de medidas para agilizar su tramitación, las empresas se abalanzan ayer a presentar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que muchas de ellas fían su supervivencia, ante el cierre forzoso de sus negocios por el decreto del estado de alarma. Así se desprende del balance que ayer facilitó la conselleria de Economía Sostenible.

Hasta las 00:00 horas del miércoles se habían presentado en la autonomía un total de 3.069 ERTE, que afectan a un total de 32.751 trabajadores. Este departamento de la Generalitat asegura que no dispone de datos concretos sobre sectores y comarcas, pero el 98 % de los expedientes pertenecen a los servicios.

Por demarcaciones, 1.586, que implican a 11.751 empleados, corresponden a la provincia de Valencia. Otros 1.022 (7.127 trabajadores), a la de Alicante y 410 expedientes (2.615 personas), a la de Castelló. Finalmente, 51 se presentaron ante la Dirección General de Trabajo (11.258).

A pesar de tratarse de una cifra muy abultada, los sindicatos dan por hecho que seguirá aumentando rápidamente en los próximos días, sobre todo por el peso en la economía de la hostelería, el turismo y el comercio.

Sandra Ramos es una de los miles de valencianos que estos días se ha visto abocada al paro, casi sin tener tiempo ni para asimilarlo. Hasta la semana pasada era monitora de autobús en la empresa La Agostense que, como muchas otras del sector, acaba de presentar un ERTE para la mayoría de su plantilla. Empleada a tiempo parcial, compaginaba este trabajo con la limpieza de alguna casa y ahora, de repente, se ve sin ninguno de los dos. «La empresa no tenía opción. Dependemos del transporte escolar, del Imserso y de los viajes a Europa y todo desapareció. Nos quedamos sin trabajo y era esto o cerrar, pero es muy duro para nosotros», indica Ramos. Aunque cobre el paro, sólo te pagan el 70% y yo ya tenía un sueldo bajo», señala Ramos, con un hijo de 14 años a su cargo y que vive con sus padres porque no se puede permitir un alquiler.

Cuando empezaron a conocerse los primeros casos de infectados por el coronavirus en España, Valeria Marini, otra afectada, presintió que la de este año no iba a ser una buena temporada en el complejo hotelero donde trabaja como fija discontinua. Y no se equivocaba. «Sólo abrimos ocho meses, de marzo a noviembre, apenas llevábamos unos días funcionando, cuando hemos tenido que cerrar», se lamenta.

La firma decidió esperar a ver qué medidas tomaba el Gobierno, por lo que a día de ayer los empleados aún no tenían claro cuándo causarían baja. «Hay mucha incertidumbre y no puedes apoyarte en nadie. En esta situación no puedes hacer una asamblea ni nada de eso», apunta Marini.