¡Las inmobiliarias reclaman exenciones fiscales para los propietarios de pisos y locales comerciales que ‘perdonen’ las cuotas de alquiler por la pandemia. El objetivo es que los dueños de los inmuebles no se vean perjudicados fiscalmente por hacer un favor a los inquilinos que se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Los propietarios de pisos alquilados tienen que tributar un 19 % en concepto de IRPF por los ingresos percibidos y los dueños de locales comerciales deben abonar a Hacienda un 21 % en concepto de IVA. Los comercios van a negociar con los propietarios de los locales que les eximan de pagar un mes (el que están cerrados por orden del Gobierno) y la flexibilidad en el cobro del resto de cuotas.
La penetración de las socimi (sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas en bolsa) especializadas en la gestión de activos comerciales y de los fondos buitres que arriendan pisos es muy limitada en la Comunitat Valenciana en relación a otros mercados como Madrid o Barcelona. La mayoría de los locales comerciales en las zonas prime de València están en manos de familias valencianas patrimonialistas con una relación más estrecha con sus inquilinos y el 95 % de los pisos en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. En este contexto, los dueños son más proclives a no asfixiar a sus inquilinos, pero el problema es que deben seguir tributando.
Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), advirtió de que los propietarios «deben llevar ojo con Hacienda por si considera que el favor que hacen es una donación encubierta. Los dueños de los locales comerciales tienen que hacer frente al pago del IVA y los de los pisos deben tributar en el IRPF el 19 % de los ingresos que perciben. El Gobierno debe intervenir y eximir de estos pagos para no agravar las consecuencias de esta crisis».
Sin moratorias previstas
El real decreto del estado de alarma no prevé moratorias en el pago de los alquileres si un inquilino no puede cumplir con sus obligaciones financieras porque se ha quedado sin actividad laboral o está afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (que implica una pérdida del 30 % de los ingresos). Sin embargo, algunos propietarios están siendo receptivos ante las dificultades de sus inquilinos y muestran cierta flexibilidad.
