La ONG de atención a personas vulnerables Cepaim tiene todo dispuesto para hacerse cargo, posiblemente esta misma semana, del siguiente grupo de cinco internos del CIE de València que quedarán en libertad tras cumplirse el tiempo máximo de permanecencia en el centro de internamiento sin que el Estado español haya podido llevar a cabo su repatriación. Será el segundo grupo que acoja desde el decretado estado de alarma.

Es el protocolo fijado por Interior y consensuado con los jueces de control de los CIE de toda España -en València, es el titular del 3 de Instrucción quien tiene asignada esa función- para dar solución a un colectivo, el de los migrantes detenidos por la ley de Extranjería y encerrados en ese tipo de centros por una plazo máximo de 60 días -nunca se agota-. Desde que España se convirtió en uno de los focos de la covid-19, muchos países empezaron a rechazar vuelos procedentes de nuestro país, lo que ya frenó en seco las repatriaciones, principalmente con Marruecos, Argelia y Colombia.

Después, fue España quien cerró sus fronteras, haciendo ya imposible del todo cualquier devolución. Ante esa circunstancia, la pelota pasó al tejado de los jueces de control de los CIE, que debieron decidir, al inicio de la emergencia sanitaria global provocada por la vertiginosa expansión del coronavirus procedente de China, qué hacer con los internos, dado que el fin último de su ingreso en estos centros es la devolución a sus países de origen.

Incluso el Defensor del Pueblo instó a que se dejara ir a los internos de todos los CIE de España ante el sinsentido que supone mantener privadas de libertad a personas cuando el fin último de esa privación, esto es, la repatriación, es imposible en el plazo previsto por la situación impuesta por el estado de alarma.

Protección de los internos

Sin embargo, al menos en el caso de València, la puesta en libertad generalizada fue descartada -en Barcelona sí se les dejó ir, por ejemplo, y el último interno salía el 19 de marzo a la calle-, porque el juez entendió que era una medida que podía poner en riesgo la salud de los detenidos en el CIE valenciano.

Algunos sí disponen de red familiar o de amistades, pero la gran mayoría han llegado por vía marítima, en pateras, y no conocen a nadie ni tienen a dónde ir, salvo que los acoja alguna ONG de manera voluntaria. A ello se le añade la restricción de la movilidad impuesta por el estado de alarma, por lo que ponerlos en libertad, sin más, equivaldría prácticamente a dejarlos en el mayor de los desamparos en plena expansión del coronavirus.

Así las cosas el juez de control del CIE de València determinó, el pasado 13 de marzo, que los internos permaneciesen en el centro hasta agotar el plazo y que, mientras, se tomasen medidas de prevención, como, por ejemplo, que hubiese un máximo de tres internos por habitación o que se dotase a policías y detenidos de los necesarios medios de protección. El juez ha supervisado personalmente el centro y ha mantenido a situación, alentado además por el hecho de que de momento no hay ni una sola persona contagiada.

Los 34 migrantes fueron distribuidos el mismo día 13 en doce habitaciones -el centro tiene 27-, la mayoría con tres y en otras, con solo dos internos por dormitorio.

El escaso número de internos (34) hace que el ambiente en el interior esté siendo mucho más relajado de lo habitual, ya que el CIE de València ha estado en muchas ocasiones al máximo de su capacidad -son 90 plazas, pero solo se ocupan 85, como máximo, salvo orden expresa y por escrito desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-.

En cumplimiento de ese protocolo por el covid-19, Interior ya pactó hace semanas con varias ONG -en València, Cepaim- que se harían cargo de los internos conforme se fuese cumpliendo el plazo máximo de internamiento.