Los expedientes de pago resueltos por los ayuntamientos y mancomunidades valencianas en contra de las advertencias formuladas por los órganos de intervención municipal se dispararon un 70 % en 2018, el primer año de aplicación de la nueva Ley de Contratos del sector público, que ha extremado el nivel de fiscalización y la burocracia en el ámbito local.
El último informe publicado por la Sindicatura de Comptes aflora un total de 11.115 resoluciones de gasto con reparos de legalidad aprobadas por 184 entidades locales por un importe de 262 millones, un dato que contrasta con los 6.509 expedientes de pago con advertencias en contra promovidos por 171 corporaciones tan solo un año antes, en 2017. Y eso que 125 ayuntamientos (el 23 % del total) y 28 mancomunidades no suministraron información dentro del plazo y no se contabilizan en la estadística de 2018.
La inmensa mayoría de las observaciones de Intervención (el 76%) están ligadas a la aprobación de expedientes de contratación tras el endurecimiento de la normativa, que eleva los controles sobre todo en el caso de los contratos menores de la Administración local. Más de la mitad de los reparos formulados y posteriormente levantados por las corporaciones tuvieron su origen en la omisión de requisitos o trámites esenciales para la autorización del gasto.
El resto de los pagos aprobados pese a los informes contrarios del órgano municipal de fiscalización se vinculan al capítulo de personal (9 %) y a las subvenciones públicas (5,6 %). El 74 % de los acuerdos municipales contrarios a las advertencias de Intervención fueron adoptados mediante decretos de alcaldía, mientras que las juntas de gobierno validaron el 13,8% de los expedientes y los plenos, el 5,6% restante.
Por otra parte, la Sindicatura de Comptes pone el foco en la ausencia de suficientes actuaciones de control financiero interno para complementar el sistema de fiscalización previa en tres de cada cuatro ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. En su análisis, el organismo de control urge a que se establezcan «las medidas necesarias» con tal de asegurar «una dotación de efectivos suficiente» para que la función interventora y la de control financiero «puedan llevarse a cabo de manera efectiva y se garantice una buena gestión de los recursos públicos» desde la perspectiva de la eficacia y la eficiencia.
Solo un 27,3 % de las corporaciones locales que aplican la fiscalización previa (garantizando la existencia de crédito antes del pago) ejerció alguna de las modalidades de control interno posterior previstas en la normativa, lo que representa un descenso de 6,5 puntos respecto al ejercicio previo. Los ayuntamientos que no incurrieron en reparos de intervención en 2018 tampoco se salvan: la mayoría no puso en marcha los instrumentos de control requeridos.
Por otra parte, 60 entidades (un 27% más que en 2017) admitieron haber omitido el trámite de fiscalización previa en 1.132 expedientes valorados en 70,4 millones de euros. La Intervención también informó en contra de 8 liquidaciones y 50 presupuestarias en 2018.
Bajan las entidades que informan
Entre otras cuestiones, la Sindicatura emplaza a los consistorios a desterrar la práctica habitual de aprobar reconocimientos extrajudiciales de créditos para pagar facturas sin consignación presupuestaria previa. Otra de las conclusiones extraídas del informe es que el número de ayuntamientos que cumplen la obligación de rendir cuentas (417) ha disminuido un 7,1% en el último ejercicio, una bajada que rompe la tendencia positiva de años anteriores.
