La suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos como consecuencia del estado de alarma decretado el 14 de marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá también un impacto directo y negativo en muchos de los derechos de la ciudadanía de nueva generación y que se consideraban consolidados. El derecho al acceso a la información pública y su reverso y la obligación de los poderes públicos a la transparencia saltan por los aires de tal manera que en un momento de total incertidumbre como el actual, la opacidad gana terreno. Lo mismo ocurre con las diferentes quejas que los valencianos y valencianas plantean ante la propia administración o ante organismos especializados como la Sindicatura de Greuges o el Consell de Transparencia.
En los tres casos se ha asumido el decreto del 14 de marzo sobre el estado de alarma y se ha optado por dejar en suspenso los plazos establecidos para la resolución de reclamaciones, una decisión que aboca a que cientos de quejas y reclamaciones queden atascadas y que implica un retroceso en los pasos que en los últimos años se había dado desde la Generalitat para avanzar en la transparencia.
Ante de la crisis sanitaria desatada por la covid-19, las diferentes conselleries y entidades del sector público tenían un plazo máximo de un mes para resolver las peticiones de documentación que solicitara una persona. Esta tenía derecho y, además, sin justificar sus motivos, a acceder a aquellos contenidos que estuvieran en poder de los poderes públicos como consecuencia de sus funciones públicas.
Ahora un aviso en esta página apunta a que los plazos quedan suspendidos. La ciudadanía que desee acceder a la información pública que no esté disponible en el portal de transparencia no sólo tendrá que esperar, si no que además, no podrá recurrir al Consell de Transparencia.
Cabe recordar que el Botànic I creó este órgano al amparo de la ley de transparencia de la Generalitat para resolver las reclamaciones por opacidad de la administración. A este organismo pueden recurrir aquellos valencianos y valencianas que no han logrado respuesta en el tiempo adecuado de la instituciones. El Consell de Transparencia, que ya de por sí se ve sobrepasado por la falta de personal para atender las peticiones, recibe una media anual de 200 quejas de la ciudadanía. En su página web también informa de que los plazos de resolución han quedado suspendidos por el decreto de alarma.
La actividad de la Sindicatura de Greuges será otra que se ha visto mermada por la crisis. El defensor del pueblo valenciano, Angel Luna, al inicio de la crisis adoptó también la decisión de suspender los plazos de requerimiento a la administración ante las quejas ciudadanas.
Los ritmos se ralentizan
Luna, en una entrevista reciente publicada en este diario, admitía de alguna manera que no es el momento de ejercer presión hacia la Generalitat, volcada en parar la pandemia. Esta institución ha recibido, según explicaba Luna, algunas quejas directamente relacionadas con la gestión del Consell ante la crisis del coronavirus. Estas se están investigando, pero no hay plazo para su respuesta. La Sindicatura sigue trabajando (no ya en atención presencial) pero sí telefónica, pero los ritmos que Luna trató de imprimir cuando quedó al frente de la institución se frenan.
La última memoria de la Sindicatura de Greuges relativa a 2018 da cuenta del intenso ritmo de trabajo de esta institución y de cómo los ciudadanos acuden a ella para defenderse de los abusos de la administración. Así, el informe especifica que el Síndic llevó a cabo un total de 23.165 actuaciones, de la cuales, un total de 12.162 son quejas presentadas por la ciudadanía. Un total de 10.963 son consultas atendidas por la Oficina de Atención Ciudadana. Muchas de las quejas tienen que ver precisamente con sectores muy sensibles, como los servicios sociales.
El principal motivo de queja son las demoras en los expedientes relacionados con dependencia, servicios sanitarios o de ayudas y acceso a la vivienda pública. La conclusión es que la ciudadanía se encuentra en la práctica con una situación de mayor desamparo.
