La Coordinadora Valenciana de ONGD (Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo) calificó ayer de «decepcionante e indignante» la sentencia del Caso Blasco dictada por la Audiencia Provincial de València, por la que se condena a penas que el colectivo tildó de «ridículas» al ex conseller Rafael Blasco, al empresario César Augusto Tauroni y a otros 19 de los 24 acusados por la trama de desvío de fondos destinados a proyectos de cooperación con más de una decena de países empobrecidos. La sala ha impuesto un año de cárcel a Blasco, dos años a Augusto César Tauroni, dos años y nueve meses a Marc Llinares y un año y medio a Josep Maria Felip.
«El tribunal ha sentenciado que la trama encabezada por Blasco y Tauroni fue real. Hay decenas de páginas que detallan cómo trampeaban los procedimientos para adjudicar proyectos de cooperación a falsas ONGD, que identifican al menos 27 empresas radicadas en España y EE UU, a los que los testaferros de Tauroni desviaban el dinero de las subvenciones públicas para cooperación. Y así un largo etcétera de hechos delictivos probados, para los que se imponen penas mínimas. Estamos perplejos», destacó Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso.
Los representantes de las ONGD anunciaron que, tras estudiar en detalle la sentencia, recurrirán ante el Tribunal Supremo «para que las penas impuestas a los acusados se correspondan con la gravedad de los delitos que ellos mismos y el tribunal han reconocido».
Atenuantes incomprensibles
En particular, a juicio de la Coordinadora, resulta incomprensible que se apliquen a todos los condenados atenuantes como los de «dilaciones indebidas» del procedimiento, cuando los retrasos han sido a causa de los recursos que han interpuesto a cada paso sus propias defensas, el de «reparación del daño causado», cuando los condenados han devuelto una ínfima parte del dinero robado, así como la «confesión tardía» cuando la mayoría de los condenados se negaron a declarar en el acto del juicio. También consideran sorprendente que la sentencia no se ocupe de cuantificar con exactitud la cantidad del dinero que defraudaron los condenados, cuestionando el criterio de los peritos.
