La compañía Ribera Salud no tendrá derecho a una compensación de alfo más de 39,5 millones de euros por los sobrecostes que dice que asumió hasta que el Consell rescató la gestión del hospital de Alzira.
La sección quinta de la sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso que presentó la compañía sanitaria contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de gestión de servicios públicos por concesión, relativo a la Asistencia Sanitaria Integral del Departamento de Salud de La Ribera, por ser conforme a derecho.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV y contra la que cabe recurso, estima los argumentos de la Abogacía de la Generalitat y mantiene en su totalidad los criterios que han seguido hasta ahora los tribunales para el restablecimiento de equilibrios de las concesiones sanitarias.
La sentencia es de 28 de febrero pero no había trascendido hasta ahora. Según consta en la resolución, Ribera Salud justificaba su demanda en la modificación del servicio contratado inicialmente o en los cambios introducidos por la Conselleria «de nuevas condiciones bajo las cuales se retribuye a la concesionaria vía facturación intercentros».
La compañía también alegó los cambios «en la prestación farmacéutica ante la modificación en la dispensación hospitalaria de nuevos medicamentos que incrementa el coste de la concesionaria» o los «sobrecostes asumidos por la concesionaria derivados del complemento salarial por carrera y desarrollo profesional del personal estatutario de la Conselleria».
Igualmente, denunció un «cambio de criterio en la calificación a efectos de tarificación de la cirugía mayor ambulatoria»; así como en la tarifa de los servicios de medicina nuclear o en los precios de servicios de GDR -grupos de pacientes relacionados por el diagnóstico- con estancia hospitalaria.
Ribera Salud estimó que «todo ello ha determinado la existencia del desequilibrio económico que debe ser compensado puesto que se hace económicamente inviable la concesión con riesgo económico para la empresa que puede derivar en grave perjuicio para el interés general». La demanda se presentó en 2016, antes de que finalizara la concesión, pero la sentencia ha llegado tras rescatar el Botànic el hospital.
Por todo ello, la empresa solicitaba una compensación de algo más de 39,5 millones de euros en base a un informe pericial que cuantificaba el impacto económico de la concesión tras las alteraciones del contrato.
La Generalitat Valenciana replicó que el demandante había obviado que «la contratación se lleva a cabo bajo el principio de riesgo y ventura del contratista». Además, negó «la disminución de la población protegida, estando desvirtuados los datos aportados» que señalaban un aumento de la población, «destacando la asistencia a extranjeros irregulares por encima de las determinaciones de la normativa aplicable,siendo la variación de la población común a toda España, sin que la causa sea atribuible a la Administración». El tribunal estimó los argumentos del Consell tras descartar sobrecostes.
