La Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de la Comunitat Valenciana (FIECOV), compuesta por las cuatro asociaciones provinciales AIECS, APEME, ASELEC y PYMEV, que representan a más de 2.000 empresas instaladoras, ha acordado una reunión con la directora general de Industria, Empar Martínez, para tratar las medidas que mejoren la situación actual de la tramitación de expedientes, que tanto preocupa a las empresas instaladoras.
El sector eléctrico actualmente es uno de los más importantes de la Comunitat Valenciana por razones económicas y de empleabilidad, ya que ofrece empleo a más de 7.000 trabajadores y fomenta el desarrollo de políticas energéticas sostenibles que garantizan el bien común. Además, es un sector en constante evolución que precisa de profesionales, asegurando así una empleabilidad del 100 %.
Las empresas del sector energético están sufriendo un importante retraso en la tramitación de instalaciones, un problema que no solo afecta a las propias empresas sino también a sus clientes, que son empresas valencianas que también contribuyen al desarrollo económico y social, apuntan desde Fiecov. Este problema se centra, principalmente, en los Servicios Territoriales de Alicante y València. En los Servicios Territoriales de Castelló los expedientes se tramitan debidamente.
Este retraso en la tramitación supone un perjuicio económico y reputacional, según indicen. En primer lugar, porque paraliza el proceso laboral de las empresas instaladoras, ya que sin esta tramitación se retrasa el pago de los servicios y, por tanto, repercute a las empresas y sus trabajadores. Y en segundo lugar, porque les resulta complicado explicar a sus clientes que una instalación realizada por profesionales autorizados y cumpliendo todos los requisitos técnicos y legales, pueda tardar meses hasta incluso años en legalizarse y ponerse en marcha para ser productiva.
Afección al desarrollo económico
Según explican los representantes de Fiecov, una instalación que no está tramitada y puesta en marcha en los plazos previstos altera todos los ratios de amortización de su inversión, retrasa la creación de puestos de trabajo y de riqueza para la Comunitat Valenciana y, lo que es más grave, desincentiva los planes futuros de inversión de las empresas. Además, puede llegar a tener un efecto negativo sobre las ayudas y subvenciones promovidas por las Administración (nacional, autonómica y local) por la imposibilidad de cumplir plazos y requisitos formales.
En estos momentos, al retraso en las tramitaciones de las instalaciones de Baja y Media Tensión que ya lleva camino de convertirse en un problema endémico del Sector de la Energía y al que no ha habido forma de poner solución en los últimos años, hay que sumar el retraso en tramitación de las Instalaciones de Autoconsumo y de las altas de nuevas empresas instaladoras.
Estas instalaciones pendientes de tramitación abren un panorama de incertidumbre tanto a sus propietarios como a los instaladores que las han realizado e incluso a la Administración que ha hecho del autoconsumo una palanca esencial para la transición energética.
Los propietarios pueden perder ayudas estatales, autonómicas o locales vinculadas a la legalización de la instalación con las que seguro contaban para calcular el retorno de su inversión, además de impedir la contratación con empresas comercializadoras para el vertido a la red de distribución.
Y las empresas instaladoras se ven perjudicadas porque no van a cobrar sus instalaciones hasta que no estén legalizadas y en funcionamiento y van a perder argumentos comerciales por la lentitud de los trámites y la penalización en el retorno de la inversión.
A todo esto, se acumulan las solicitudes de alta de nuevas empresas instaladoras con retrasos superiores a 6 meses en su tramitación lo que incentiva la economía sumergida
Como solución a muy corto plazo desde Fiecov proponen la autorización de todas las instalaciones y el registro de las empresas instaladoras bajo la premisa de declaración responsable, reservándose la Administración la potestad de posteriores verificaciones e inspecciones, en el caso de Media Tensión acelerando los trámites.
